Por Gloria de la Fuente, presidenta de Chile 21
Pasadas las Fiestas Patrias restará un poco más de un mes para la realización del plebiscito que definirá el destino del proceso constituyente, con un pronóstico aún incierto respecto a cómo estará la situación sanitaria al momento en que este finalmente ocurra. Entendiendo que el escenario para realizar este evento será complejo, es preciso comprender que hay una tremenda responsabilidad en que la información que circule en torno a este evento sea apegada a la verdad, para que la población ejerza el sufragio de manera libre e informada, requisito fundamental para los procedimientos democráticos.
Hemos visto cómo en otras latitudes, especialmente cuando de plebiscitos se trata y dada la polarización inevitable que estos producen, existe una tendencia creciente a la circulación de información falsa, segmentada para determinados grupos -básicamente apelando a sus temores-, que busca finalmente provocar un cambio en sus comportamientos electorales o, incluso, su desmovilización. Tales fueron los casos a partir del Brexit y del plebiscito por la Paz en Colombia, por mencionar sólo algunos ejemplos.
La condición de base en que se realizará este evento en Chile, en medio de una pandemia y la necesidad de generar seguridad en la población para que concurra con confianza a votar, puede transformarse para algunas mentes afiebradas en la excusa perfecta para iniciar campañas que lo que busquen sea infundir temor en la población, desincentivando el traslado a las urnas.
La creciente conectividad y el uso de redes sociales avalan esta preocupación. En efecto, según datos de la Subtel, el tráfico de internet desde marzo de 2020 aumentó un 40%, impulsado por la pandemia Covid-19. Así, la internet fija alcanzó en 2020 3,5 millones de suscripciones, con un aumento del 3,8% respecto a 2019; el internet móvil (4G+3G) alcanzó los 19 millones de suscriptores; el total de acceso a internet en el país suma 22,5 millones de suscripciones; mientras que el 84% de los accesos a internet son realizados desde un dispositivo móvil. En materia de redes sociales -según Statista- Chile tiene una penetración de redes sociales de un 79% (el primero de América Latina), con 14 millones de usuarios, siendo las más usadas Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Además, Chile fue el país latinoamericano con mayores publicaciones en redes sociales en el inicio de la pandemia, aumentando en un 53% las publicaciones respecto a 2019. Hablamos, entonces, de una cuestión relevante, más aún si consideramos que, según Digital News Report 2020, posterior al “estallido social” existe una baja del 15% en la confianza de los chilenos en los medios de comunicación. En 2020 sólo un 30% de los chilenos y chilenas confía en dichos medios, que con sus defectos y líneas editoriales tienen al menos la característica de someterse a códigos de ética y regulación que los obliga a chequear la información que publican.
Así las cosas -y en ausencia de regulación adecuada que permita combatir el flagelo de las noticias falsas y el uso intensivo de bases de datos-, es más importante que nunca estar alertas y propiciar de manera permanente y exhaustiva el monitoreo de la información que se publica, para lo que se requiere no sólo el compromiso férreo de las autoridades y la ciudadanía, sino que también de los proveedores de servicios de redes, para los cuales hay una cuestión reputacional y de responsabilidad pública que atender. Mal que mal, lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia.
