Política y virtud

Hasta ayer me resultaba sospechoso comprender la tarea política en relación con las virtudes. Principalmente porque ello presume que el político posee un carácter moral que inclina sus actos y voluntades al cumplimiento de la virtud, de una excelencia moral, pero siendo dicha presunción altamente exigente y además incomprobable. Jamás podemos evaluar hasta qué punto alguien posee un carácter virtuoso. Ni podemos entrar en los corazones o en las mentes de los virtuosos para creerles, ni vivimos en una era en la que concordamos sobre lo que sea una “excelencia moral”. Por el contrario, la pluralidad valórica es una característica irrebatible de nuestros tiempos y que parece posible gracias a la renuncia de una “excelencia moral”; cada uno desarrolla sus proyectos vitales bajo sus propios valores, propias morales, bajo exigencias e indulgencias individuales.

Pero di con una frase de Agustín Squella sobre la serenidad como virtud en la vejez que me obligó a repensar todo. “Se trata de una virtud que, como todas las virtudes, más se finge que se posee”, nos dice. Recordé entonces que los griegos enfatizaban que la virtud se lograba a través del hábito, del ejercicio de repetir actos virtuosos. La virtud, entonces, no sería una propiedad que se posea, sino una orientación, un propósito, una actividad y búsqueda permanente -o dicho en términos de Squella, un “fingir” lo que se es, para llegar a serlo. Con esta forma de comprender la virtud, menos excelente y más supuesta, sí que parece razonable y posible vincularla con la política.

Si relacionamos la virtud con un carácter o cualidad virtuosa propia de lo político, tropezamos con una realidad que la contradice: una política con instituciones que fallan, corrupción, tráfico de influencias, malversación y fraudes al Fisco. Pero si comprendemos, más bien, la labor de la política y de sus instituciones desde el ejercicio honesto -aunque paradójico- de “fingir” y “pretender” la virtud, cobra peso normativo aquella frase tan usada cada vez que estas fallan; eso de “dejar que las instituciones funcionen”.

No es, pues, que la política y sus instituciones sean virtuosas por ser moralmente excelentes -que no lo son-, sino por intentar serlo una y otra vez. O dicho, en otros términos, la autoridad normativa de la política no es virtuosa porque carezca de fallas e, incluso, de inmoralidades, sino porque a pesar de ello persiste orientada en hacer valer ciertos principios irrenunciables. Y entre ellos priman indiscutiblemente, guste o no, lo establecido en la Constitución.

Visto así, por lamentable y duro que golpee al PS y al gobierno la destitución de la senadora Isabel Allende, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) al ajustarse a derecho objetivo (Enrique Navarro) expresa el espíritu virtuoso en el sentido antes expuesto y que requiere la política y sus instituciones para recuperar la legitimidad y confianza que la ciudadanía demanda. Y así la justicia llegue un día quizás a ser justa, justamente pretendiendo más seguido que lo es.

Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile