Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
Por estos días, la Dirección de Presupuestos (Dipres) está cerrando el proceso de postulación al comité de expertos que analizará el PIB tendencial, insumo clave para construir el Presupuesto 2023 y que, entre otros, analiza temas fundamentales como el trabajo. Se trata de un ámbito cuya recuperación presenta un gran desafío: volver a cifras prepandemia y avanzar a una inclusión laboral que beneficie a las mujeres, más atrapadas en la precariedad.
El Banco Central, en su IPoM de junio de 2021, incluyó por primera vez un acápite sobre participación laboral femenina, indicando que esta era la más golpeada por la crisis socioeconómica. El mensaje de la autoridad fue que se necesitaban acciones focalizadas para traer de regreso a las mujeres al trabajo; las más importantes se vinculan con la corresponsabilidad social y parental de los cuidados. Además, estimó que durante 2020 la participación del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) en el PIB se habría incrementado del 21% prepandemia, calculado por ComunidadMujer, al 26%.
Cifras de esta magnitud dan cuenta del punto ciego que han tenido hasta ahora quienes comandan la macro y microeconomía. La invitación es a pensar “fuera de la caja” y preguntarse: ¿Por qué una actividad que aporta a la economía tres veces más que la de Transporte y Telecomunicaciones es considerada “inactividad” en las estadísticas de empleo? ¿Por qué los trabajadores de la minería -en su mayoría hombres que contribuyen con 1/3 de lo que aporta el TDCNR al PIB Ampliado- negocian sueldos y bonos, mientras las mujeres, que dedican su vida a criar y a cuidar del hogar, no tienen siquiera una pensión de vejez digna?
Un primer paso para responder estas preguntas es considerar lo que la OIT llama las “3 R”: Reconocer, Reducir y Redistribuir el TDCNR. Y en el “reconocer” hay una primera tarea para el Estado: medir de manera periódica el uso del tiempo -dando continuidad a la ENUT 2015- e institucionalizar la entrega estadística de información que incorpore una mirada crítica de la división sexual del trabajo y los ingresos. Esto no puede quedar a la voluntad política de los gobiernos. Solo así, el Banco Central podrá dar el siguiente paso y crear una cuenta satélite de hogares para reconocer oficialmente el aporte que hacen estas labores a la sociedad y a la economía y, por ende, diseñar mejores políticas que tomen en cuenta esta dimensión de la vida. Por cierto, ya es posible incorporarlo en reformas legales, como la del sistema de pensiones y la sala cuna.
El desafío es plantearse nuevos límites de lo que entendemos por economía y reflexionar sobre qué indicadores incluir para su contabilización estandarizada. Sin mirar fuera de las fronteras de la producción y sin reconocer, reducir y redistribuir los cuidados, no lograremos converger a las tasas de participación laboral de mujeres de la OCDE (69,7% en el tramo de 25 a 64 años) que tanto anhelamos.
