Por Jaime Bellolio, ingeniero comercial
Esta semana el gobierno tuvo nuevos tropezones políticos y señales confusas sobre la violencia, el combate a la delincuencia y la provisión de seguridad. Vamos por partes. Héctor Llaitul, otrora MIR y FMR, es el líder de la CAM -organización que se atribuye ataques armados, incendios y una resistencia armada tipo paramilitar, que publicó fotos de sus miembros encapuchados, con rifles, fusiles y puños en alto, y que declaró frente a la idea de un estado intermedio del gobierno, que era “la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”. A continuación, llamó a “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”.
Una primera cuestión es por qué Llaitul dice esto ahora y no antes. Creo que una de las razones, es precisamente la ambigüedad que la coalición oficialista ha mostrado sobre la condena a la violencia, y otra es la fragilidad de la misma coalición, donde el PC le quita el piso al gobierno -otra vez- y ahora en la misma Moneda.
Lo anterior, ¿son simples ideas o declaraciones, como sostuvo el Presidente? No, no lo son. ¿Debe el gobierno querellarse por estos hechos? Sí, debe querellarse. Veamos por qué.
La libertad de expresión es esencial en una democracia libre, ya que es una de las máximas representaciones de la libertad de conciencia. Estas libertades -expresión y conciencia- son las que nos permiten ideas y declaraciones, y una democracia liberal es la mejor forma de poder proteger y promoverlas.
Tal como lo dijera el propio presidente Boric en una moción, “el derecho a la libertad de expresión es fundamental para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática y para el desarrollo individual de sus miembros”. Sin embargo, reconoce límites, siendo uno de ellos la protección del orden público y la seguridad nacional.
La amenaza de subvertir el orden democrático por las armas es una declaración para destruir al Estado de Derecho. Es pretender arrebatarle el monopolio del uso de la fuerza que la democracia le entrega a las policías y FF.AA., con sus regulaciones y sanciones en caso de incumplimiento. Es también, un delito contemplado en la Ley de Seguridad del Estado, la misma que invocó hace muy poco este gobierno.
En suma, la amenaza declarada es verosímil e inminente dada la violencia que se vive día a día en Arauco y La Araucanía; no es una simple idea o declaración, sino que se trata de la prueba concreta de la existencia de un grupo que propugna la violencia como método de acción política, se atribuye incendios, ataques y sabotajes. Es la antítesis de la democracia.
Y no establecer claramente dichos límites, solo aumenta la anomia -incapacidad o ausencia de normas sociales básicas- y, por ende, la justificación de la violencia como medio legítimo.
Presidente, no es una mera declaración, es una amenaza al Estado de Derecho y al país.
