La columna de Mauricio Loy: “Por un nuevo pacto tributario”

Como introducción de la nueva reforma tributaria, el Gobierno ha anunciado su intención de generar más que una reforma tributaria. Se anuncia un nuevo “pacto tributario”. Parece una buena señal, atendido que el sistema tributario actual, lleno de parches que han sido generados por reformas sobre reformas está hoy completamente desdibujado. Lo que hoy tenemos no parece ser un sistema tributario coherente y cruzado por criterios técnicos. Los que debemos enfrentarnos a diario a la aplicación práctica de las normas imperantes sabemos que cada día se hace más necesaria la piedra rosetta para entender cómo funciona nuestro “sistema” actual.

Ahora bien, no ha sido comunicado cual es, exactamente, la filosofía del nuevo “pacto”. Ciertamente no podría ser una simple alza de tasas de los impuestos existentes, o sencillamente introducir nuevos impuestos. Esto supondría lo mismo de siempre; esto es, un modelo que persigue que solo algunos (los temidos empresarios) financien a todo el resto, y ello sobre la base de un solo ente (el siempre sabio Estado) que (¿distribuye?) y administra todo lo recaudado. Lo anterior no es un nuevo “pacto” tributario. Sólo sería una reforma más, la cual, tal como las ya incontables reformas anteriores, sumará mares de normas transitorias, nuevas diferencias contable – tributarias, registros especiales, nuevas declaraciones juradas, etc., etc.

Dicho camino nos llevará (como ya hemos visto a raíz de las últimas tres reformas tributarias) a agregar confusión, complejidad y distracción de las labores productivas y de valor agregado en beneficio de labores de administración y de burocracia. ¿Cómo podríamos entonces dejar de hacer lo mismo que hemos hecho antes – lo que anuncia los mismos resultados que hemos obtenido hasta hoy – para intentar algo distinto, y lograr nuestro tan ansiado “nuevo pacto”? Dos pilares podrían comenzar a sentar las líneas de lo anterior.

El primer pilar sería abrir la discusión de los objetivos del sistema tributario que queremos. Parece ser razonable, y en línea con los criterios de justicia modernos, el que nuestro sistema tributario tenga por objetivo corregir las desigualdades que tanto nos atormentan hoy. Basta constatar el promedio de ingresos de los trabajadores con contrato (alrededor de $700.000 según quien y como se mida), para darse cuenta que hay algo que “no funciona”.

Así, el nuevo pacto podría tener por objetivo que el impuesto a la renta sea una herramienta de distribución directa, donde la boleta anual de impuestos que cualquier empresa deba pagar en abril sea un monto a distribuir directamente, como un mayor ingreso no tributable, a los trabajadores de dicha empresa. Esto disminuiría la desigualdad en materia de ingresos de manera sustantiva, efectiva e inmediata; sin perjuicio de lograr además, (i) subir la base de cotizaciones previsionales, y con ello mejorar el problema de pensiones, (ii) una mejora de la demanda agregada sin presiones inflacionarias – ya que la recaudación de impuestos de todas maneras termina siendo gasto – y (iii) un alineamiento inmediato entre accionistas y trabajadores en orden a fomentar la inversión y crecimiento. Y todo lo anterior, sin agregar gastos ni cargas a la empresa (ya que la misma de todas maneras hace el mismo cheque todos los meses de abril al fisco), ni perspectivas de menor recaudación (ya que los mayores sueldos generarán, previsiblemente, consumo gravado con imposición indirecta – dejaremos la falacia de la “regresividad” en el IVA para otra ocasión).

Un segundo pilar del nuevo pacto debería ser poner como principio fundante el hecho que el Estado debe sujetarse a las mismas reglas que afectan a los particulares en su relación con el fenómeno impositivo. ¿Qué significa esto? Varias cosas: (1) El estado debe tener costos asociados a objeciones sin fundamento y/o a objeciones que son desestimadas en tribunales. (2) Se deben reformar las normas de silencio administrativo, ya que no parece justo que un contribuyente atrasado en su declaración de impuestos sea castigado, mientras que un Estado que no responde es premiado con una norma que deniega las peticiones del contribuyente. (3) Urge consagrar de manera clara la doctrina del acto propio. El artículo 59 del CT ha quedado, en la práctica, como letra muerta en lo que a derechos del contribuyente se refiere.

Si caminamos solo hacia esos dos pilares, tendremos un sistema tributario que ataca la desigualdad de ingresos y que equipara la cancha entre Estado y contribuyente (¿no es eso mayor dignidad?) y que además incentiva la mano de obra con contrato (mayor formalidad) y nos alinea a todos a que fomentemos el crecimiento económico. Es cosa de sacarnos las vendas ideológicas y veremos que se puede.

Más importante aún, tendremos un sistema que legitima el proceso impositivo que es por lejos lo más importante que necesitamos , ya que el elefante en la sala, del que nadie quiere hablar, es que la elusión y evasión son variables directamente correlacionadas con la falta de legitimidad de nuestro sistema de recaudación.

* El autor es abogado y socio de Loy Letelier Campora