Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
Asumido el nuevo equipo de autoridades en Educación, comienza la puesta en marcha de las políticas establecidas en el programa de gobierno. Como es esperable, todavía no es claro cuál será el orden de prioridad de las iniciativas que impulse la administración entrante.
Pero el trabajo del Ministerio no se agota en la implementación del programa, por lo que es dable agregar algunas notas al margen, para que puedan ser consideradas. No es la intención pautear, sino intentar un ejercicio de ayuda memoria, de forma muy breve. ¿Qué habría que escribir en un post-it adherido a la agenda del ministro?
Lo primero, “lo que no se mide no mejora”. Urge medir el impacto de la pandemia en los aprendizajes y en el bienestar de los estudiantes, especialmente en la educación escolar. Es comúnmente aceptado decir que la suspensión de clases presenciales ha afectado de forma significativa y profunda las oportunidades de aprender de los niños. Pero lo decimos, no lo sabemos. La magnitud del daño es desconocida, como también su distribución territorial y socioeconómica, y la o las brechas de género que pudieron haberse profundizado. Sin información válida y confiable, ni tomar medidas ni cantar victoria sobre el daño que nos ha causado el Covid-19 en educación, será posible. Y la mejor forma, la más fácilmente disponible y aplicable es el Simce. Es el único instrumento que permite con precisión comparar con los aprendizajes de los estudiantes antes de las interrupciones derivadas de los desórdenes sociales de octubre y noviembre de 2019 y posteriormente la pandemia. Hoy están las condiciones sanitarias para aplicar el Simce. Pero se requiere del liderazgo ministerial.
Lo segundo, “más recursos a parvularia”. Es necesario invertir fuerte en este nivel educativo. La administración anterior sufrió desde el Congreso un bloqueo legislativo inclemente: los proyectos de ley para financiar la sala cuna universal (0 a 2 años), crear una subvención de los niveles medios (3 a 4 años), y la obligatoriedad del kínder (5 a 6 años) fueron denostados y despreciados por la anterior oposición. Pero, siendo sinceros, este bloqueo no ocurrió porque estas iniciativas no fueran necesarias y convenientes, sino por el encono político hacia la anterior administración. No obstante, es urgente abordar la ampliación de la cobertura de sala cuna y de los niveles medios. Y la forma más efectiva -no vale la pena jugar a la ideología cuando se trata de los más pequeños y vulnerables- es la provisión mixta y la colaboración del sector privado. Además, una subvención potente podría incentivar a los nuevos Servicios Locales a crear más jardines infantiles (forma muy efectiva de crecer en matrícula para la educación pública) correctamente alineados con el resto de su trayectoria educativa.
Lo tercero es más críptico. Escribiría: “No es el CAE, es el acceso”. De las declaraciones del programa de gobierno y de distintas autoridades es claro el compromiso por condonar y eliminar el CAE. Ya se ha puesto sobre la mesa lo inconveniente y regresivo de una condonación universal, el enorme costo fiscal y la falta de focalización, así como el bajo impacto efectivo que tendría en el sistema, pero no es mi intención insistir en esos puntos un espacio tan pequeño como un post-it. Lo educativamente relevante es no quitarle a los más de 300.000 jóvenes que usan el CAE para estudiar ni la posibilidad de acceder a la educación superior ni su libertad para elegir la institución que prefieren. El perfeccionamiento del sistema de financiamiento no puede afectar las oportunidades de los jóvenes más vulnerables de acceder a la educación superior, pues sería un retroceso inaceptable.
