Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) UDD
En situaciones extremas como la que actualmente nos afecta, el Estado está llamado a desempeñar un rol clave, y para ello es fundamental que actúe en forma oportuna y con pragmatismo, pero también con responsabilidad. En circunstancias como ésta, surge la necesidad evidente de comprometer un mayor volumen de recursos fiscales para poder brindar asistencia a quienes se están viendo más afectados, como también contribuyendo a la provisión de liquidez a las empresas, elemento vital para poder mantener en funcionamiento el aparato productivo nacional, única fuente estable para generar puestos de trabajo y para proveer ingresos a la población. Todo esto lo ha estado haciendo el gobierno con la precaución evidente de mantener un norte claro, entregando señales en esa dirección y teniendo en cuenta que esta es una carrera de largo aliento. Se podrá haber cometido errores puntuales de apresuramiento o de lentitud, pero nadie podría objetivamente evaluar en forma negativa el camino que han seguido las autoridades.
Lamentablemente, en el mundo político no se observa una mirada similar. Si bien es cierto en el ámbito legislativo se han aprobado los proyectos que ha presentado el gobierno, la tramitación ha sido dificultosa, lo cual en algunos casos ha provocado una demora en la entrega de los beneficios, y en otros ha incorporado elementos que han desvirtuado en parte su sentido original, como lo es la prohibición de repartir dividendos a las empresas que deseen acogerse al mecanismo diseñado en el proyecto de ley de protección al empleo. Con esto no solo se está privando de ingresos a accionistas minoritarios que los necesitan para financiar sus gastos básicos, sino que también están induciendo a empresas a optar por el despido de trabajadores en lugar de la suspensión temporal.
Otro tema que está surgiendo en el debate público, y con apoyos que atraviesan las fronteras políticas, es el referido a la propuesta de fijar precios a productos básicos. Entendiendo la preocupación que motiva a quienes la sugieren, cabe ser enfático en señalar que se trata de una mala idea. Ante situaciones de escasez, las fijaciones de precios conducen a la aparición de mercados negros, al acaparamiento por parte de especuladores que apuntan a la reventa a precios más altos, y ello termina perjudicando a los sectores de más bajos ingresos que no disponen de recursos para pagar esos mayores precios. La experiencia reciente en países que han adoptado medidas de este tipo, sumada al masivo desabastecimiento que originó en Chile a comienzos de los 70, debiera ahorrar mayores comentarios. En aquellos casos en los que se empiece a observar que los precios suben por problemas de abastecimiento, lo que se debe hacer es tomar medidas para normalizar el funcionamiento de las cadenas logísticas. Las fijaciones de precios no resuelven el problema, y solo esconden el síntoma de un problema mayor. Y esto no es ideología, es pragmatismo.
