Preguntas a los constituyentes
Por Guido Crino, presidente de FIDE
Somos testigos del inicio del trabajo que los chilenos le encomendaron a 155 convencionales, elegidos democráticamente para elaborar la Carta Constitucional que definirá el régimen político en este siglo. Su tarea será responder a las demandas de la sociedad que ellos representan.
Como parte importante de esa sociedad, es necesario que nos anticipen las respuestas a interrogantes que se están instalando: ¿Tienen las personas que integran los diversos “pueblos originarios” y las que comparten distintas concepciones el derecho a mantener su propia visión de mundo, de hombre y sociedad, propias de sus culturas?
En una sociedad constituida con un régimen político democrático con plena vigencia de los derechos humanos y respeto por los tratados internacionales suscritos por Chile, como el del derecho a la educación, ¿se puede negar que existan distintos proyectos educativos que respondan al derecho de los padres, como primeros y principales responsables de la educación de sus hijas e hijos, a escoger el proyecto que responda a su concepción cultural?
En una sociedad culturalmente diversificada, donde prima una concepción política democrática y respetuosa de los derechos humanos, ¿puede instalarse como una parte de la estructura del Estado, un modelo único de provisión educacional, basada en una concepción exclusiva y excluyente de mundo, hombre, y sociedad, como la que prima en los regímenes totalitarios?
Responder a estas preguntas es la tarea que deberán asumir los convencionales, mediante el diseño constitucional, y la sociedad, cuando deba ratificar en consulta plebiscitaría si están de acuerdo o no con las respuestas entregadas.
Los siete millones de personas que formamos parte del universo de la educación particular escogimos libremente ser parte de ella, porque creemos en la libertad de enseñanza, y seguiremos con atención permanente el trabajo de los convencionales, con plena y atenta disposición a realizar una respetuosa y fiera defensa de los derechos humanos propios de la democracia, inscritos con letras de fuego en la tradición histórica de nuestro país, y de ser necesario, a movilizarnos en procura de su mantención.
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