Preocupante incumplimiento de las metas fiscales
No es una buena señal para los mercados que el país acumule dos años consecutivos sin cumplir las metas autoimpuestas por el Ejecutivo. Los resultados hacen evidente la necesidad de una revisión más profunda y con sentido de urgencia de las estimaciones de ingresos, como también hacer los eventuales ajustes de gasto oportunamente.
El informe de ejecución presupuestaria a diciembre de 2024 reveló que el déficit fiscal efectivo cerró en 2,9% del PIB, superando en 0,9 puntos la proyección de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su último Informe de Finanzas Públicas, que estimaba un 2% del PIB. De esta manera, la deuda pública alcanzó a 42,3 puntos del PIB, su mayor registro desde el año 1991.
El mayor déficit efectivo se explica principalmente por un crecimiento de solo 1% en los ingresos efectivos respecto al año anterior, inferior al crecimiento de 5,7% estimado inicialmente, lo que dejó una merma de ingresos en el año de US$ 2.800 millones. Según la Dipres, la menor recaudación en la operación renta y la caída en los ingresos por litio explican gran parte de la diferencia, efectos parcialmente compensados por un mayor aporte del cobre.
El gasto público creció un 3,5% en 2024, con una ejecución del 99% del presupuesto. Sin embargo, el gasto en inversiones, clave para la creación de empleo, que había mostrado un desempeño destacado durante el año, finalizó con una ejecución del 86%, igualando el registro de 2022 y quedando lejos de los niveles de ejecución previos a la pandemia. Aún no se publica el resultado del balance estructural ni el grado de cumplimiento de la meta fiscal comprometida de -1,9% del PIB. No obstante, dado el nivel del déficit efectivo, todo indica que la meta de responsabilidad fiscal no se cumplirá en 2024.
Este incumplimiento de la meta de responsabilidad fiscal había sido anticipado desde el segundo semestre por los principales analistas del mercado, las clasificadoras de riesgo y el FMI. Ya a principios de junio de 2024 se conocía que la recaudación de la operación renta sería menor a lo proyectado, lo que exigía un ajuste del gasto público en la segunda mitad del año para cumplir con la meta de balance estructural. Sin embargo, el ajuste llegó tarde y resultó ser insuficiente.
La principal preocupación en la reciente discusión del presupuesto 2025 fue el riesgo de arrastrar el error de proyección de ingresos para este año. Aunque el Ministerio de Hacienda ajustó a la baja su estimación de ingresos en US$ 600 millones, los resultados recientes hacen evidente la necesidad de una revisión más profunda y con sentido de urgencia de las estimaciones de ingresos y, de ser necesario, ajustar oportunamente el gasto público.
El incumplimiento de las metas fiscales, más allá de lo señalado por el ministro de Hacienda sobre su nivel de exigencia, debe ser una prioridad para la autoridad fiscal. Acumulamos dos años consecutivos sin cumplir las metas autoimpuestas por el Ejecutivo, lo que no es una buena señal para los mercados, especialmente tras la reciente actualización de la ley de responsabilidad fiscal.
Ante este escenario, y la complejidad de recortar el gasto público en un año electoral, Hacienda debe actuar con celeridad. Los ajustes deben aplicarse a tiempo, tal como la cartera se comprometió ante el Congreso durante la tramitación del presupuesto 2025. Incumplir por tercer año consecutivo la meta de balance estructural pondría en entredicho nuestra larga tradición de responsabilidad fiscal que ha sido reconocida tanto a nivel local como internacional.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.