Recientemente la unidad de Investigación y Datos de este medio entregó un mapa que detalla los hechos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur, tras hacer un análisis de casi mil querellas presentadas por el gobierno actual y la administración anterior desde 2016, donde destacan 547 causas referidas al contexto de la violencia rural. Uno de los hechos más significativos que develó esta investigación son los escasos resultados que se han obtenido en la labor persecutoria del Estado y cómo el fenómeno delictivo y terrorista se ha ido extendiendo, sobrepasando todos los límites.

Han transcurrido más de 23 años desde el incendio de tres camiones en Lumaco, hecho que marcó el inicio de sucesos asociados supuestamente a reivindicaciones territoriales, y el número y magnitud de los mismos han aumentado, extendiéndose territorialmente a otras dos regiones, y evolucionando de ataques a bienes e infraestructura de grandes empresas a atentados dirigidos a medianos y pequeños empresarios, policías, agricultores y particulares, no solo en sus viviendas, sino que también a sus personas. Es así como de siete comunas donde se cometían estos delitos entre la Región de La Araucanía y la provincia de Arauco el primer semestre de 2017 se llega ahora a 24 comunas afectadas, con 69 causas abiertas solo durante el primer cuatrimestre de este año y 73 querellas presentadas por parte del gobierno. Son cifras que evidencian una peligrosa ausencia de contención, y en que claramente la política destinada al control de la seguridad pública ha fallado gravemente.

Distintos factores pueden explicar las razones de por qué los casos de violencia siguen en aumento y la acción del Estado aparece tan debilitada. Más allá de que inexplicablemente la agenda económica y política sobre La Araucanía ha perdido todo protagonismo, la falta de voluntad política para agilizar la discusión de las leyes que permitan un mejor combate a los violentistas -aquí subyace también una peligrosa naturalización de la violencia como método legítimo para visibilizar demandas sociales- y las carencias en la labor de inteligencia, fundamental para anticiparse al actuar de los grupos radicalizados, son falencias que dañan gravemente la estrategia global.

Los datos proporcionados por la investigación periodística son asimismo reveladores en cuanto a la falta de eficacia de la labor persecutoria y consecuentemente sancionatoria de los órganos del Estado. De 236 causas investigadas por la fiscalía de La Araucanía, apenas hubo tres condenas desde 2018, y en el caso de las investigadas por la fiscalía del Biobío entre 2016 y 2020, solo hubo una condena, existiendo comunas como Contulmo y Tirúa -que en conjunto han sufrido 82 ataques- donde no se ha formalizado a ninguna persona.

Si bien las condiciones en que se cometen los delitos en el contexto rural tienen complejidades propias del entorno y se detecta una mayor coordinación y preparación de quienes los ejecutan, los magros resultados expuestos no hacen sino profundizar la sensación de abandono e indefensión de quienes viven en las regiones afectadas, todo lo cual obliga a replantearse en profundidad la estrategia seguida hasta ahora.