SEÑOR DIRECTOR:
En los últimos años, hemos escuchado reiteradamente a las autoridades del Ministerio de Salud, argumentar que no hay recursos para financiar tratamientos de alto costo, sin embargo, hace pocos días, Fonasa reconoció en La Tercera que cuenta con un ítem presupuestario para costear las terapias ordenadas por vía judicial.
Ahora, surge una pregunta: ¿no será mejor destinar esos recursos para aumentar la cobertura a Enfermedades Raras a través de la Ley Ricarte Soto? La respuesta es sí. Esos $22.000 millones gastados en pagar judicializaciones innecesarias, podrían usarse de manera más eficiente, generando políticas públicas de acceso a tratamientos de alto costo, que permitan al Estado comprar las drogas a mayor escala. Asimismo, beneficiar a más personas de manera oportuna, sin tener que iniciar largos juicios mientras la salud del paciente sigue deteriorándose.
En paralelo, se debe avanzar -con celeridad- en generar un protocolo de acceso claro, equitativo y conocido por todos, que permita priorizar en base a evidencia científica, a los pacientes que requieren con mayor urgencia estas terapias y asignarlas.
Paulina González
Presidenta de la Corporación de Familias con Atrofia Muscular Espinal
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