Por Ana María Stuven, profesora titular PUC/UDP
Los pedidos de auxilio de un niño en una residencia “familiar” del Sename -nombre equívoco, pues no corresponde a un lugar de familia sino al deseo de recrear con menos niños un ambiente más amable- reanimaron el debate sobre las personas privadas de libertad. Se tiende a asociar la privación de libertad con las cárceles; poco se piensa que hay otras poblaciones que viven también en esas condiciones: enfermos psiquiátricos, niños, niñas y adolescentes.
Las residencias del Sename son espacios de privación de libertad donde viven 17.886 niños, niñas y adolescentes acogidos a las diversas modalidades de un servicio en desmantelamiento para ser reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada, que dependerá definitivamente del Ministerio de Desarrollo Social. Esta instancia deberá dar cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por Chile y respetar los tratados que originaron el Comité de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, el cual responde a la experiencia internacional que busca disminuir los factores de riesgo de maltrato, enfatizar las labores de prevención, a través de visitas, diálogo, sensibilización, y capacitación a los custodios.
Reestructurar las instituciones de protección de niños, transitar hacia un mejor modelo, llenar los vacíos institucionales que invisibilizan otros espacios donde niño/as permanecen bajo custodia del Estado, y revisar los protocolos que se aplican a situaciones que les afectan, es una necesidad urgente para prevenir los daños a menudo irreversibles que produce la vulneración de sus derechos.
Hay niñez a cargo del Estado en los diversos espacios que reemplazarán al ex Sename. Pero también hay niños en cárceles donde sus madres están privadas de libertad. Se puede con razón argumentar que siempre un niño estará mejor acompañado de su madre, pero también desafía al Estado a cuestionar el costo social del castigo a madres de niño/as pequeños. Hay otros espacios invisibilizados donde la niñez está desamparada. ¿Qué sucede cuando hay allanamientos policiales en presencia de niño/as? ¿Cuáles son los protocolos con que se preparan operativos donde puede haber niño/as, para no exponer a nuestra niñez a violencia innecesaria?
Casos abundan, pero el reciente en la residencia de calle Carlos Antúnez, y el que ocurrió en noviembre del año pasado en la Residencia Carlos Macera de Talcahuano, donde resultaron baleados niños en un operativo policial, exigen, además de cambios estructurales, una mayor coordinación interinstitucional para enfrentar situaciones complejas. La descompensación de un niño, ¿debe ser abordada con presencia de Carabineros como sucede a la fecha, con la trágica consecuencia de Talcahuano?
Hay que celebrar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos pidió al Sename que suspenda la intervención policial. Ello no hace sino poner urgencia a zanjar el postergado debate en torno a la Ley de Garantías de la Niñez y a apoyar y fortalecer el mandato del Comité de Prevención de la Tortura.
Nuestros niño/as merecen que se corte el circulo vicioso entre vulneración de derechos, delincuencia y privación de libertad de generaciones que sobreviven entre la violencia y la precariedad, sin la debida protección social que les debe el Estado. De lo contrario, no nos extrañemos del aumento de la delincuencia.
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