Por Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile
Tras la vorágine electoral en la que se impuso Gabriel Boric, los medios de comunicación se interrogan por el rol de su compañera, Irina Karamanos. Esta última ha puesto una sombra de duda sobre su disponibilidad para oficiar como primera dama. “Estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él”, ha dicho.
Tiene razón Karamanos al insinuar la conveniencia de un cambio. Aun cuando la notoriedad de las consortes de gobernantes se remonta a la antigüedad, la figura de la primera dama no calza con el ideario democrático ni con una época modulada por la igualdad de género. En efecto, la primera dama (nombre proveniente de la apelación estadounidense “First Lady”), existe en diversos países de América Latina y Europa, ejerce funciones variadas (protocolares, de mecenazgo o beneficencia, representativas o, incluso, políticas) sin que exista, en general, regulación normativa ni discusión pública sobre sus atribuciones y la dotación de recursos que le acompañan. La historiadora francesa, Joëlle Chevé, autora de un libro que repasa la trayectoria de las primeras damas en Francia destaca que se trata de una función enraizada en la costumbre cuyos contornos y soporte material son oscuros. Sin ir más lejos, al asumir su mandato el Presidente Macron elaboró un documento llamado “Carta de transparencia relativa al estatuto de la cónyuge del Jefe de Estado” en el que reconocía que no existe una codificación jurídica de ese cargo y que, en aras de la transparencia democrática, es preciso clarificar y delinear su misión; y, sobre todo, los recursos públicos que le sirven de apoyo.
La transparencia y probidad en la utilización de recursos públicos justifican repensar este cargo, pero hay también razones vinculadas a la igualdad de género. La figura de la primera dama se sirve y refuerza representaciones de género que debiéramos esforzarnos por superar. Con pasmosa naturalidad hemos asumido que, en lugar de elegir a una persona para dirigir los destinos de un país, ungimos a una pareja (heterosexual), trasladando así la lógica de “un gobierno familiar” a la esfera pública. También hemos asumido que es razonable que la cónyuge (conviviente o polola) de un Presidente de la República se resigne, sin más, a un patrón saturado de sexismo. Esperamos de ella que lo acompañe públicamente, que sea anfitriona en cenas y ceremonias, y que lidere actividades de beneficencia pública. Nuestra expectativa social sobre la primera dama no es muy diferente a la que resume un conocido refrán. Ansiamos encontrar una abnegada mujer detrás de un gran hombre.
Dicho imaginario no es coherente con los tiempos que corren. Es, más bien, un injerto añejo que ralentiza el progreso democrático. Quienes entablan relaciones afectivas con las personas elegidas para gobernar un país no debieran ser arrastradas a encarnar un rol para el que no han sido electas y que, probablemente, tampoco han elegido.
