Prioridades frente a la recesión que se avecina

Comisiones Cámara de Diputados. 05 de Julio 2022

Los datos disponibles muestran que ya es inminente empezar a ver “números rojos” en la actividad, pero aun así las prioridades del gobierno siguen en reformas que ya no responden a la realidad, en vez de focalizarse en reactivar la inversión.



Los datos de actividad de agosto otra vez sorprendieron al mercado. La mayoría de los analistas esperaba una caída anual en el Imacec, la primera luego de la pandemia, pero esta semana el Banco Central informó que la actividad del octavo mes del año tuvo un crecimiento nulo, evitando el descenso esperado. Buena parte de este mejor desempeño relativo estuvo explicado por una menor baja en el sector servicios (+4,4% en agosto), que alcanzó a compensar las caídas en minería (-7,5%), comercio (-10,5%) e industria (-3,3%). Además, la serie desestacionalizada registró un alza de 0,6% mensual, la primera en cinco meses.

El rendimiento plano de agosto solo posterga una realidad que es evidente hace un tiempo, que la economía chilena entrará en recesión en lo sucesivo. De hecho, en las recientes proyecciones del Banco Mundial nuestro país será el de peor desempeño (-0,5%) en toda Latinoamérica durante 2023. El Banco Central, por su parte, estima que la caída del próximo año podría estar en torno al 1%, es decir, la crisis que viene podría ser similar en magnitud a la crisis asiática (-0,5%) o la crisis subprime (-1%).

El diseño del presupuesto a cargo de Hacienda equilibra bien la prudencia en materia fiscal y el rol contracíclico que debe jugar el gasto público al proponer un aumento de 4,2% real para 2023. Por su parte, el Banco Central ha actuado con decisión para contener las presiones inflacionarias -el dato de septiembre muestra que por primera vez la inflación anual cede en el margen- y, de paso, crear espacios suficientes para usar la palanca monetaria en caso de desalineamientos mayores a los esperados el próximo año.

Donde parece no haber el debido sentido de urgencia en el Ejecutivo es en materia de inversión. Las proyecciones del Banco Central apuntan a una caída acumulada de 8% este año y el próximo, para dejarnos en niveles de inversión similares al 2012. La agenda proinversión que presentó el gobierno hace unas semanas está lejos de resolver el problema que se avecina y, por el contrario, sus decisiones parecen buscar profundizarlo. Una empresa eléctrica acaba de retirar un proyecto por unos US$ 500 millones, que sería la base energética para desarrollar el hidrógeno verde en el sur de Chile, aparentemente porque varias entidades públicas estarían exigiendo requisitos que sobrepasan el estándar habitual en la tramitación ambiental. A su vez, la Cámara Chilena de la Construcción levantó una cartera de 49 iniciativas que se encuentran judicializadas, las que en total suman unos US$ 7 mil millones.

En paralelo, el gobierno parece empecinado en avanzar con su programa sin sopesar el profundo cambio de circunstancias de los últimos meses. Sigue en discusión la reforma tributaria que, pese a los intentos por morigerar sus efectos, continúa siendo la de mayor envergadura desde el regreso a la democracia, a lo que se suman proyectos como el de la reducción de la jornada semanal a 40 horas o anuncios sobre una eventual negociación colectiva a nivel ramal.

En vez de profundizar los lazos comerciales para impulsar la inversión en sectores exportadores, la coalición oficialista y el propio gobierno siguen entrampados con el TPP11 y buscan dilatar su aprobación.

Cuando ya es un hecho que la recesión está llegando y el escenario externo también se muestra muy complejo, resulta inentendible que el gobierno insista en prioridades que hoy están alejadas de la realidad. El equipo económico debería tener como primera prioridad buscar la manera de apuntalar la inversión y despejar cualquier obstáculo que entrampe la iniciativa privada. Sobre todo, porque a comienzos de 2023, en medio de la crisis económica, deberá además resistir con éxito las duras presiones políticas que recibirá por aumentar el gasto público o liberar nuevos retiros de los fondos de pensiones. De sucumbir a estas presiones, podría asestarse un duro golpe a la inversión futura, no solo porque será una señal de debilidad institucional significativa, sino porque los efectos de un mayor gasto se traducirán en menores niveles de ahorro y mayores tasas de interés.

De manera excepcional, el periodo recesivo que se avecina ha podido ser anticipado con el tiempo suficiente. Es de esperar que además de mantener el rumbo en materia fiscal, el gobierno diseñe cuanto antes un paquete de medidas que revierta la preocupante trayectoria que muestra la inversión.

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