SEÑOR DIRECTOR:
El reingreso a prisión de Cathy Barriga revive el debate sobre la finalidad de la prisión preventiva. Más allá de si será o no condenada por los hechos que se le imputan, es inevitable no cuestionarse cuál es el sentido que se está dando a la medida, existiendo alternativas que sin duda aseguran su vinculación al proceso.
El problema es que este conocido debate ocurre en un momento en donde el sistema procesal se encuentra en un estado crítico, con instituciones colapsadas cuyas actuaciones se están viendo afectadas por la sobrecarga del sistema. Sobra evidencia que muestra lo anterior. Un reciente estudio de la UAI muestra que los jueces están privilegiando la eficiencia por sobre la calidad. La Fiscalía no da abasto con su dotación actual. La colapsada agenda de los tribunales y la extensión de juicios afecta los derechos de víctimas e imputados. Como si fuera poco, las sobrepobladas cárceles son epicentro de abusos y criminalidad.
Nos hemos olvidado de la ley y su sentido. Las cautelares dejaron de imponerse solo cuando resultan absolutamente indispensables para asegurar los fines del procedimiento. Prisión preventiva o pena preventiva hoy parecen sinónimos. En este escenario de deterioro procesal y crisis de seguridad no nos asombremos luego que surjan olas reformistas que afecten la esencia del modelo acusatorio y volvamos un siglo atrás.
Fernando Santelices Ariztía
Abogado, exfiscal
Profesor de Derecho Procesal Penal (UAI) y Litigación (UDP)
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