Proceso constituyente: Respeto a los acuerdos adoptados

Chile ha puesto los cimientos para iniciar un proceso constituyente sobre la base de un pacto político amplio, haciéndose eco de una demanda social que se arrastra desde más de una década. Una salida institucional de este tipo es propia de sistemas democráticos que deben respetar la pluralidad, las instituciones políticas existentes y escuchar a la ciudanía. Lo que queda por delante depende del respeto y compromiso que como actores políticos y sociedad tengamos de los acuerdos que se han tomado hasta ahora y a los que se lleguen en el futuro. Cuestionar parte de estos acuerdos desestabiliza las soluciones y afecta la gobernabilidad.

En particular, el Pacto por la Paz y una Nueva Constitución tuvo entre sus objetivos dar más certezas a un proceso que por su naturaleza no tiene las limitaciones de la tramitación legislativa y donde hay cifradas muchas expectativas. Este estableció la regla de los 2/3 con hoja en blanco. Como todo acuerdo éste implicó que los actores cedieran respecto de lo que habría sido su ideal. La centro izquierda habría querido un quórum más bajo para tomar las decisiones (3/5 o mayoría absoluta) y la derecha habría preferido mantener la constitución de 1980 en caso que no hubiese acuerdo. Los primeros aceptaron el quórum de 2/3 porque la hoja en blanco garantiza que 1/3 no se dedicará a vetar la deliberación de la Convención bajo la esperanza de mantener la Constitución de 1980 y los segundos aceptaron la hoja en blanco porque 2/3 asegura que las decisiones que se tomen serán moderadas y producto de acuerdos amplio que no los excluya.

Igual de importante fue para la centro izquierda establecer que serán las normas, no el texto final el que requiere de los 2/3. Esto, porque su preocupación es que se produzcan los cambios y no que a última hora 1/3 pueda rechazar todos los acuerdos alcanzados durante un año de deliberación. Que el reglamento sea aprobado por 2/3 nace de la preocupación de la derecha de que este no incluyan reglas de procedimiento que solo sirvan a un sector. Para dar aun más certezas, la comisión técnica agregó un recurso para asuntos de procedimiento y una clausula de respeto a los tratados internacionales, las sentencias firmes y ejecutoriadas y el sistema político democrático. Posteriormente, el Congreso, haciéndose eco de las demandas ciudadana modificó el sistema electoral para la elección de convencionales y estableció la paridad de género y la posibilidad de los independientes para ser candidatos, estando aún pendiente las cuotas indígenas.

En este contexto, el debate que abre elementos de los acuerdos ya resueltos por la vía de una interpretación extemporánea introduce elementos que desestabilizan no solo los elementos cuestionados, sino todo el resto de sus normas puesto que las decisiones se tomaron en consideración al conjunto, no por separado. Es por eso, que señalar que la votación de 2/3 es también, para el conjunto de las normas cómo han señalado algunos líderes de derecha, desestabiliza lo logrado hasta ahora. Es sabido que hay un sector en que esto constituyó una aspiración, pero fue expresamente excluido de las sucesivas instancias de acuerdo. Incluso en el informe de la Cámara de Diputados que aprueba la reforma constitucional consta la aclaración que hicieron los miembros de la Comisión Técnica a este respecto: “…no se requiere que la Convención vote en su totalidad o en su globalidad el texto consensuado, pero sí es necesario que se vote norma por norma como ocurre actualmente con los proyectos de ley.” (p. 189)

En sentido similar un líder del PC señaló que era necesario revisar el quórum de 2/3. Es cierto que el PC no fue parte del acuerdo político, pero sí concurrió al Congreso a votar la reforma constitucional que recogió el acuerdo y selló la forma como se haría el proceso constituyente. En el Congreso los comunistas fueron de los pocos que votaron en contra del acuerdo. Esto en democracia significa que deben aceptar la regla de la mayoría en un sistema donde las diferencias se resuelven votando. En algunas ocasiones sus posiciones triunfarán en las urnas y en otras deberán aceptar los resultados.

Un pacto político de la importancia de aquel firmado el 15 de noviembre de 2019, solo tiene sentido si quienes concurren a él o a sus eventos posteriores están comprometidos a cumplirlos y aceptan que se trata de un marco mínimo de convivencia que reemplaza la calle, la violencia y la polarización permanente de asuntos políticos no resueltos, por el diálogo, la deliberación y la institucionalización de las soluciones.

*María Cristina Escudero es politóloga y académica de la Universidad de Chile, forma parte del comité asesor de ReConstitución y fue integrante de la mesa técnica que elaboró la reforma al Capítulo XV y que habilitó el proceso constituyente.