Por Lieta Vivaldi, Directora Programa Género, Derecho y Justicia Social / Facultad de Derecho U. Alberto Hurtado
La precariedad a la que están sometidos ciertos grupos se ve exacerbada en un contexto de crisis como el actual y son los grupos más vulnerables -por su género, edad, clase, raza, entre otros- los que sufren consecuencias más dramáticas. La respuesta oportuna desde el Estado para implementar medidas es de una importancia decisiva.
Estamos en un momento de cambio constitucional en el que se abre la posibilidad de transitar a un Estado social en que los derechos económicos, sociales y culturales sean prioritarios, pensados desde lo colectivo y desde una perspectiva feminista. El proceso constituyente ha sido impulsado por la sociedad civil y por primera vez las mujeres estaremos representadas igual que los hombres. Para lograr una mayor igualdad deben consagrarse derechos específicos como el derecho a la vivienda, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la no discriminación, y la protección del medio ambiente. Asimismo, redistribuir el poder pensando en una organización política distinta, que ha conllevado a una desconfianza en el Estado, será clave para pensar nuestro habitar. La igualdad salarial, la paridad en los órganos del Estado, un sistema de cuidados equitativo y la implementación de medidas concretas hacia la corresponsabilidad - como un postnatal igualitario y obligatorio - son formas de reestructurar las relaciones de poder y avanzar hacia justicia e igualdad.
Entre los desafíos que tendrá el proceso constituyente están las reglas de transparencia y participación ciudadana pensando en una Convención Constitucional con enfoque de género. La Red para la Participación ha sugerido algunas vías para asegurar un sistema de participación y transparencia: iniciativa popular de normas constitucionales, metodologías y sistematización de la participación ciudadana, y la creación de consejos ciudadanos que fiscalicen el trabajo de la CC. Además, deben otorgarse garantías para aumentar la participación de mujeres y disidencias sexuales. Será clave establecer horarios compatibles con labores de cuidados, realizados mayoritariamente por mujeres. Se deben generar espacios que promuevan la inclusión de mujeres y disidencias sexuales, la participación paritaria en las distintas instancias y, en ciertos temas específicos, como el aborto, las opiniones de las mujeres deben tener mayor valor.
La participación política desde la ciudadanía no solamente es clave, sino que la nueva Constitución debe plasmar mecanismos para que podamos vincularnos de otra forma con el Estado y sus instituciones. Para que nunca más la política sea de una elite, para que nunca más se violen impunemente los derechos humanos y para que al fin tengamos un país de todos y todas.
