Proceso constituyente

Deben ser pocas las personas que a estas alturas crean que la idea de un nuevo pacto social para Chile no se cristalizará a través de una nueva Constitución política. Los hay entusiasmados y también escépticos o presos del "espiral del silencio" (que no se atreven a ir contra la ola), pero lo cierto es que a estas alturas, no sólo porque la calle y los cabildos ciudadanos lo han dicho con fuerza, sino que también porque lo han mostrado distintos estudios de opinión, el proceso constituyente se instala como un camino que, llevado adelante razonablemente, puede permitirnos salir de la crisis política y social en la que está inmerso el país.

¿Por qué un proceso constituyente? Porque desde el punto de vista de uno de los problemas de este estallido social, que es la legitimidad del sistema político, esta parece ser una solución adecuada. Primero, porque plantea una oportunidad desde uno de los déficit que éste exhibe hace rato, que es la falta de participación. Lo que ha habido en la calle y en los cabildos autoconvocados es una muestra del error que por años nos acompañó, que era pensar que la sociedad chilena, producto del modelo de transición o de cierta apatía contra el mundo político, no estaba dispuesta a hacerse parte del juego (cuando en realidad su desprecio estaba más asociado a la política partidaria que a una cuestión de poder). En tal sentido, abrir los canales de participación a través de una vía institucional es una manera de avanzar hacia una democratización que considere también mecanismos de participación directa que no tiene por qué amenazar las formas representativas de la democracia. Segundo, que en este cuadro, también un proceso de estas características permite poner la corresponsabilidad de la solución de la crisis en manos del conjunto de la ciudadanía, sin que ello busque sustituir el rol que le cabe en esto a la política.

Por cierto, existen varias vías y mecanismos para afrontar esta discusión y no cabe duda que, por el momento político en que estamos, algunas son mejores que otras pensando en la legitimidad del proceso. Probablemente a las alternativas de usar la vía del Poder Legislativo o una comisión de expertos se impondrá la posibilidad de hacer este proceso vía asamblea o parlamento constituyente, cuyo resultado pueda ratificarse a través de un plebiscito, justamente porque lo que debiera primar es la inclusión. Ello no significa que la discusión se haga de cualquier manera. Muy por el contrario.

En efecto, es importante pensar en que si la vía es participativa esta debe considerar y garantizar una amplia y equilibrada representación (para evitar la captura), un proceso reglado (que otorgue confianza y certeza), debe tener hitos claros (para morigerar las expectativas) y un horizonte que permita tener certezas sobre los plazos (para plantear un camino de llegada).

En cualquier caso, y pese a que la evidencia es contundente a favor de iniciar un proceso de estas características, es preciso que el mundo político -que en esto no es reemplazable- acuerde y se pronuncie pronto en favor de una salida como esta. Por lo pronto, parece interesante que 330 municipios reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades, hayan acordado utilizar el mecanismo de plebiscitos comunales para consultar a la ciudadanía sobre la nueva Constitución. Ahora, son los poderes del Estado los que tienen la misión de dar señales claras en esta materia, de lo contrario, como ha sido la tónica en los últimos años, será nuevamente la política la que llegará tarde a responder a los ciudadanos.