Proceso de instalación de nueva educación pública

A fines de abril se publicó el informe anual que elabora periódicamente el Consejo Evaluador de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Educación Pública. Este se creó en virtud de la Ley 21.040 y tiene por objeto proveer el servicio educativo por parte del Estado, reemplazando a las municipalidades, para lo cual se está realizando un traspaso gradual que comenzó en 2018 y que se prolongará hasta 2029.

Así, hasta la fecha hay 17 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funcionamiento, 11 de los cuales ya han recibido las escuelas, liceos y jardines infantiles de sus territorios de competencia. Falta, por lo tanto, crear los 53 servicios restantes y traspasar los establecimientos a un total de 59 SLEP, si se agregan aquellos que hoy están operando, pero aún sin colegios a su cargo. De esta forma, vemos que en los próximos años se acelerará el proceso de instalación de la nueva institucionalidad, aumentando las exigencias y haciéndose más urgente atender las falencias que el proceso ha exhibido.

En ese contexto, el trabajo del Consejo Evaluador representa un aporte, en el sentido de identificar las diversas problemáticas y nudos críticos de los que ha adolecido este difícil proceso, así como también las mejoras que el tiempo ha posibilitado. Parte de ellas han sido, de hecho, recogidas por un proyecto de ley presentado por el gobierno para mejorar la instalación.

Sin embargo, un elemento que se echa de menos a la fecha es la evaluación de los resultados que la nueva educación pública ha ido teniendo. Pues si bien es cierto que aún es temprano para atribuirle con certeza cambios en el desempeño académico de las escuelas y sus estudiantes, sí existen otros indicadores que pueden dar alguna luz respecto a su marcha y que debieran haber comenzado a observarse. La evolución de las matrículas, de la asistencia y deserción escolar, del clima escolar y el manejo de la violencia, de las preferencias que manifiestan las familias respecto a la educación pública, así como el modo en que los SLEP están haciendo frente al problema de sobredotación de docentes y asistentes de la educación que se ha evidenciado desde que comenzó el traspaso de funcionarios desde los municipios y que hoy posiblemente representa la mayor amenaza a su sostenibilidad financiera. Se trata solo de algunas variables a las que se debiera hacer seguimiento con mayor atención, pero el hecho es que, a cinco años desde que partió su implementación, ya es momento de estudiar el grado en que se podrá dar cumplimiento a las expectativas que trajo consigo esta nueva institucionalidad.

En esa línea, adquiere gran relevancia identificar también si es que los nuevos SLEP están logrando –como prometía la ley- una mayor profesionalización en el funcionamiento de la educación pública, superando los vicios que se criticaban a la administración municipal debido a su inevitable relación con el ciclo político, y si se han comenzado a materializar las sinergias y las economías de escala que se pretendían al centralizar la gestión, así como el costo que ello podría estar teniendo por la existencia de territorios más extensos y menor cercanía con la comunidad.