La inteligencia artificial está cambiando la manera en que imaginamos, desarrollamos y llevamos adelante la investigación y la innovación. En medio de este nuevo escenario, los sistemas de propiedad intelectual —y especialmente el de patentes— comienzan a mostrar fisuras. Es comprensible: fueron diseñados bajo lógicas que nacieron en otro tiempo, cuando la creatividad era, sin excepción, una expresión humana.

El reciente informe de la OMPI, “Artificial Intelligence and Intellectual Property: An Economic Perspective” (2024), lo dice sin rodeos: la inteligencia artificial, al mismo tiempo que impulsa el desarrollo tecnológico, también desafía las bases sobre las que se construyó el sistema de propiedad intelectual. Si este sistema nació para recompensar el esfuerzo creativo humano, ¿qué ocurre entonces cuando ese esfuerzo es sustituido, en parte o totalmente, por una máquina?

Hoy, modelos de IA entrenados con millones de datos y gran potencia de cómputo, pueden generar resultados técnicamente patentables sin una intervención humana evidente. Y si bien eso puede acelerar procesos y reducir costos, también nos enfrenta a un nuevo tipo de desigualdad: ya no basta con tener buenas ideas. Para innovar en este nuevo contexto, también se necesita acceso privilegiado a datos, tecnología, redes y conocimiento técnico altamente especializado.

Desde Chile, sin embargo, tenemos una ventaja: aún estamos a tiempo de pensar con calma y criterio. No tenemos una legislación cerrada sobre el tema, y eso nos permite mirar con atención lo que están haciendo otras jurisdicciones. En ese sentido, el “Manual de Patentamiento para Invenciones Implementadas por Computador e Inteligencia Artificial”, publicado por INAPI en 2022, marca un primer paso significativo al exigir que las invenciones sean comprensibles, evaluables y reproducibles. Es un gesto técnico importante, pero no suficiente.

El desafío ahora es político y normativo. Si queremos un sistema de propiedad intelectual que funcione en esta nueva era, necesitamos establecer principios claros: reconocer el aporte humano como base de la titularidad; exigir transparencia y trazabilidad para poder evaluar altura inventiva; mantener la neutralidad tecnológica, adaptando los criterios según el tipo de invención; asegurar el acceso equitativo al sistema; y garantizar que la protección otorgada sea proporcional al valor real del aporte técnico o creativo. Todo ello, bajo un enfoque ético y orientado al interés público, donde la innovación sea una herramienta para el desarrollo humano sostenible. Este es un momento clave. Tenemos la oportunidad, y también la responsabilidad, de decidir con qué reglas queremos jugar. No se trata solo de ponernos al día con la tecnología, sino de construir, con voz propia, un sistema de propiedad intelectual a la altura de los desafíos del siglo XXI.

Por Ximena Sepúlveda Barrera, directora de Propiedad Intelectual Universidad Andrés Bello.