Prórroga de la Comisión de Paz y Entendimiento

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Prórroga de la Comisión de Paz y el Entendimiento.

El mayor plazo que se ha dado para que esta comisión evacúe su informe es pertinente, considerando la importancia que tiene para el país que se alcance una propuesta de consenso que permita resolver el conflicto en torno a las tierras indígenas.



Estaba previsto que el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento -que tiene por objeto principal construir y consolidar una solución de largo plazo a la cuestión territorial indígena en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos- fuera entregado el 31 de enero, pero la unanimidad de sus integrantes solicitó prorrogar el funcionamiento de dicha comisión hasta el 30 de abril, de manera de tener más tiempo para la elaboración de sus recomendaciones.

La Comisión fue establecida en junio de 2023, por lo que se habían cifrado expectativas de que al cabo de todo ese tiempo ya se pudiera contar con el informe definitivo, tomando en cuenta que ya se había solicitado al gobierno una prórroga para prolongar el funcionamiento hasta fines de enero. Aunque esto ha generado decepción en algunos sectores, resulta pertinente que se haya accedido a dar más tiempo a los comisionados, considerando la complejidad de la materia en cuestión y la importancia que tiene para el país contar con un informe consensuado a partir del cual se puedan edificar políticas públicas que permitan zanjar este delicado asunto.

Desde la dictación de la Ley Indígena y la creación del Fondo de Tierras y Aguas en la década de los 90, se ha llevado a cabo una masiva compra de tierras para ser restituidas a las comunidades indígenas. Hasta septiembre de 2023 se habían adquirido más de 288 mil hectáreas, destinándose para estos efectos más de $700 mil millones. Con todo, es evidente que este mecanismo no ha logrado constituirse en una solución efectiva: las demandas por tierras se siguen multiplicando; los plazos de entrega para las comunidades que logran la aplicabilidad puede prolongarse por años o incluso décadas; se cuestiona asimismo la baja productividad de muchos de estos terrenos y que no ha sido una fórmula efectiva para superar las precarias condiciones socioeconómicas de muchas de estas comunidades.

Ciertamente que lo más grave es que este conflicto ha sido instrumentalizado por algunos grupos radicalizados para justificar actos de violencia, que con el paso del tiempo ha dado lugar a actos terroristas y usurpación de predios, que ha dejado incontables víctimas y daños materiales. El hecho de que La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío se hayan mantenido bajo estado de excepción constitucional ininterrumpido desde mayo de 2022 da cuenta de la magnitud del problema. De allí la importancia de que la Comisión logre arribar a un informe de consenso, como ha sido su objetivo declarado.

Versiones preliminares indican que se ha cifrado en 358 mil hectáreas las tierras que deberían ser restituidas, las que incluyen las 320 mil que ya cuentan con un certificado de aplicabilidad de la Conadi. Alcanzar un acuerdo razonable en torno a esta enorme cantidad de territorio y fórmulas de compensación reviste un desafío mayúsculo, pero para que la propuesta sea políticamente viable es fundamental que los criterios maximalistas queden de lado y se trabaje sobre bases realistas, que junto con tener en cuenta las demandas que reclaman las comunidades indígenas se respeten los derechos de propiedad, porque de lo contrario se ahondarán los conflictos y eso sería contradictorio con el objetivo de paz y entendimiento que se persigue con esta Comisión, manteniendo el conflicto abierto.

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