Protección de datos y política nacional en Inteligencia Artificial

El Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Trabajo sobre Inteligencia Artificial (IA), con miras a desarrollar una política nacional en la materia. Para ello, ha reunido a un importante grupo de expertos con el objeto de asesorar la generación de la política. Este esfuerzo, además, se conecta con los trabajos que el Senado ya ha implementado, a través de la Comisión "Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación". Precisamente, el documento Inteligencia Artificial para Chile: La Urgencia de Desarrollar una Estrategia aborda un primer esfuerzo de diagnóstico y de planificación para orientar el desarrollo de la política.

La necesidad de contar con una política nacional en esta materia es clara: el desarrollo tecnológico impacta directamente en nuestra experiencia vital y en las condicionas actuales de producción, transformando las experiencias de las personas y reacomodando la vida en común. En este escenario, la técnica requiere de una gobernanza idónea, que sea formulada democrática y participativamente. Así lo han entendido distintos espacios multilaterales, desde la OCDE hasta la Unión Europea, y Chile ya suscribió los primeros en la reunión de mayo de este año.

El desafío, sin embargo, es significativamente complejo y aquí es necesario alertar sobre un aspecto especialmente relevante: la protección de datos personales en el marco del funcionamiento de la(s) inteligencia(s) artificial(es). El documento del Senado ya resalta la importancia de un marco normativo y diseño de gobierno sobre el tratamiento de datos personales. En particular, se plantea la siguiente necesidad: "la transparencia y seguridad de los datos personales, representa el principal componente normativo vinculado a las estrategias nacionales de IA, en tanto ambas representan tanto la garantía de que el uso de la IA se orientará a los logros de los objetivos trazados en el acuerdo nacional, como también, de que los datos personales no serán utilizados de mala manera". La preocupación ciudadana sobre el mal uso de la información personal hace que se desconfíe en los beneficios de la tecnología y se sospeche de la instrumentalización de quienes son más vulnerables en la utilización de sus datos.

La ley que regula la protección de datos personales cumplió 20 años este 2019. En un entorno tecnológico que exponencialmente se está acelerando, este triste aniversario es sólo un recuerdo más de la obsolescencia de la ley. El avance de una política de IA requiere de un marco normativo robusto que garantice el derecho fundamental a la protección de datos personales y permita a las personas exigir el cumplimiento de la ley. Sin esta condición mínima, la implementación de las IA carecerá de un gobierno sobre los datos que requieren para operar, socavando las bases de legitimidad que permitirían un desarrollo armónico de estas tecnologías, con pleno respeto a los derechos fundamentales. Es de esperar, entonces, que esta sea una asignatura de primer orden en la elaboración de una política necesaria para el país.