Por Ignacio Aravena, colaborador de P!ensa; Ms. Urban Planning
Lamentablemente, la iterada destrucción de Plaza Italia cada vez sorprende menos y solo se suma a eventos como la quema de la municipalidad de Panguipulli y el intento fallido de incendio contra la de Villarrica. Y es que, desde el estallido social, el fenómeno de la violencia como mecanismo de protesta ante hechos que causan conmoción ha cobrado un protagonismo insoslayable dentro de nuestros centros urbanos, al punto de ser incluso validada por parte de algunos legisladores. Esto, además de dañar nuestra democracia, genera una serie de consecuencias para la forma en que convivimos dentro de una urbe.
Independiente de los eventuales errores que cometa Carabineros, o cualquier otra institución del Estado, la destrucción de bienes públicos solo genera detrimento para el desarrollo de nuestras ciudades. Cuando la rabia se traspasa a bienes públicos, las consecuencias más directas las sufren las personas de menores recursos producto de una menor provisión de programas sociales y una disminución de bienes y servicios -lo que, además, se traduce en desempleo-, como también a aquellos que residen y/o trabajan en zonas donde la violencia no les permite hacer su vida diaria.
Dos claros ejemplos los vemos en Valparaíso y Santiago. Producto de las protestas y la destrucción urbana, parte de la base económica de ambas ciudades se ha visto fuertemente debilitada, con zonas -como la calle Condell en Valparaíso y los barrios Bellavista y Lastarria en Santiago- que se han transformado en las más golpeadas del país. En ambos casos existe una gran cantidad de negocios quebrados y sin funcionar. Como corolario de ello, se han perdido empleos y debilitado la actividad comercial en territorios cuyo declive solo se exacerba con el daño a los bienes públicos. Irónicamente, la protesta contra la injusticia ha incrementado la desigualdad territorial, ya que la menor oferta ha incrementado el precio y disminuido la vacancia de diversos locales en sectores más acomodados y alejados del centro, haciendo que disfrutar una comida en paz sea algo más escaso que antes.
En Santiago, la violencia ha penetrado en una capa aún más profunda ya que ésta incluso ha transformado la percepción de ciertos barrios de la ciudad, implicando posibles cambios en el mercado inmobiliario que podrían tener impactos en el largo plazo. El último reporte de Toc Toc mostró cómo el estallido social permeó con más fuerza que la pandemia en la venta de viviendas, siendo las propiedades cercanas a la línea 1 del Metro y a Plaza Italia las más afectadas. Ante ello, barrios históricamente consolidados y con vocación comercial, se han visto altamente amenazados por las protestas y han sufrido el éxodo de habitantes -que acompaña a la vacancia comercial ya mencionada-, ya que estos se mudan buscando zonas más aisladas y con mejor percepción de seguridad.
La historia nos ha mostrado que los lugares violentados terminan siendo abandonados por clases más afluentes, dejando a los más pobres en territorios rezagados, ya que sus probabilidades de mudarse son menores, acrecentando la desigualdad social. Ello ha sucedido incluso en zonas céntricas, con los famosos downtown ghettos que los ciudadanos evitan a toda costa producto de lo peligroso de dichos barrios y la falta de seguridad que generan. La validación de la violencia como un mecanismo de convivencia es altamente peligrosa ya que, además de aumentar la desigualdad para sus habitantes, también afectan a nuestra democracia y a la cohesión que tanto necesitamos para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Hay algo que todos deberíamos tener muy claro: protestar y destruir no son sinónimos.
