Por Leonardo Hernández, Escuela de Administración UC, Clapes UC
La propuesta de nueva Constitución cubre muchas materias y no es posible para una persona común y corriente evaluar la trascendencia de cada uno de sus 388 artículos. Esto, porque los mismos no pueden leerse aisladamente, sino que debe entenderse su interrelación –no basta leer la propuesta; hay que estudiarla–, pero principalmente porque se necesita ser experto en distintas disciplinas para poder estimar correctamente la implicancia de los distintos temas.
Sin perjuicio de ello, se puede tener dudas de que si lo que se propone es o no una buena solución. Por ejemplo y sin ser experto, uno puede dudar si el sistema bicameral propuesto –compuesto de un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones– es mejor al sistema actual con una Cámara de Diputadas y Diputados y un Senado. Igualmente, uno puede preguntarse si los sistemas de justicia indígena que se proponen, en conjunto con un sistema nacional de justicia y un Consejo de la Justicia, puede ser mejor a nuestro actual sistema judicial. Y lo mismo ocurre en otras materias como salud o educación, por nombrar algunas. Por ende, para votar informado uno debería recoger opiniones de expertos y opinar solo en aquellas áreas de su especialización (a menos, claro, que el lector sea un genio, que no es mi caso). Por lo anterior, voy a referirme a aquellas partes de la propuesta que más significativamente afectan –desgraciadamente de forma negativa– al desarrollo económico futuro del país.
Lo primero que llama la atención es la enormidad de derechos de los cuales el Estado es garante y para los cuales debe proveer los bienes y servicios que aseguren su logro (educación, salud, vejez y vivienda dignas, integridad psicosocial, sexual y afectiva, etc.). ¿De dónde va a sacar el Estado los recursos para financiar todo esto, sin comprometer seriamente la solvencia fiscal de mediano y largo plazo, pilar fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier país? Si a esto se suma que hay varios mecanismos de democracia participativa, donde distintos grupos o comunidades pueden influir en los presupuestos presentando iniciativas populares que deben ser escuchadas, que las comunas, regiones y territorios son financieramente autónomos (otorgándose a los gobiernos regionales y locales la capacidad para emitir deuda), y que materias de administración financiera del Estado (como establecer impuestos u otras que generan gasto público) no son de iniciativa exclusiva del ejecutivo, sino que solo requieren de concurrencia presidencial, se concluye que estamos frente a un serio riesgo de populismo y desorden fiscal donde las presiones políticas pueden terminar quebrando al Estado chileno.
En segundo lugar, la plurinacionalidad, con territorios y naciones indígenas autónomas, donde los pueblos originarios deben ser consultados ante cualquier medida o ley que les afecte, y donde la ley podrá (excepcionalmente) crear tributos en favor de las entidades territoriales, levanta dudas sobre si vamos a tener mini estados dentro de Chile y, para efectos económicos, de cuánto va a aumentar el costo en tiempo (para navegar la burocracia) y otros recursos, y la incertidumbre asociada a iniciar un negocio en los territorios autónomos.
En tercer lugar, propuestas en el ámbito sindical pueden llevar a rigidizar el mercado laboral y/o desalentar la contratación, reemplazando trabajadores por máquinas o simplemente dejando de invertir y emprender en nuevos negocios. En particular, se entrega a las organizaciones sindicales la representación exclusiva de los trabajadores en las negociaciones colectivas (lo que podría de facto implicar la obligación de sindicalizarse), las que pueden darse a nivel de empresa, sector, rama o territorio, y, además, el derecho a participar en las decisiones de la empresa. En suma, el mayor poder de los sindicatos puede significar más paralizaciones y dificultades para desarrollar un negocio, desincentivando emprendimientos futuros.
En cuarto lugar, sorprende que se declare a América Latina región prioritaria para las relaciones internacionales y como zona de integración, a la vez que se permite a las regiones autónomas fronterizas vincularse y desarrollar programas de cooperación e integración con entidades territoriales limítrofes de un país vecino –para fomentar el desarrollo comunitario y otros fines–, todo lo cual levanta dudas sobre si queremos repetir la fallida estrategia de desarrollo de los años sesenta y setenta (¿se acuerda del Pacto Andino?), en vez de desarrollarnos integrándonos al mundo, en particular a zonas con mayor potencial como Asia (China, India) u Oceanía (Australia).
En quinto lugar, se sientan las bases para un Estado empresario el que, además de regular y fiscalizar las diferentes actividades productivas, debe cumplir los objetivos de pluralismo económico y diversificación productiva (¿cómo se mide y hace aquello?), permitiéndose la creación de empresas públicas a nivel comunal y regional. Esto tiene consecuencias potenciales no sólo en términos de competencia desleal en los mercados –porque las empresas públicas no suelen quebrar y porque su dueño es además el regulador–, sino también fiscales si estas empresas trabajan a pérdida.
Por último, la propuesta introduce un alto grado de incertidumbre que va a desalentar la inversión y por ende el crecimiento en el corto y mediano plazo. Esto ocurre porque hay temas no resueltos y cuya implementación dependerá de leyes y reglamentos que deberán dictarse después de aprobada la propuesta de nueva constitución en el plebiscito de salida –educación, salud, seguridad social, audiencias públicas, asambleas regionales y comunales, etc.–. Entre estos destacan los derechos de agua, bien común natural inapropiable al que tienen derecho los pueblos originarios, los derechos de la naturaleza, que serán custodiados por la defensoría del mismo nombre (la que puede ser capturada por grupos políticos) y la restitución de tierras a los pueblos originarios. Es difícil creer que vayan a desarrollare proyectos en el sector forestal, agrícola o minero en los próximos años mientras no haya certeza jurídica sobre estos temas.
Con todo, de aprobarse el proyecto de nueva constitución es altamente probable que Chile tenga un magro desarrollo económico las próximas décadas. Ahora, usted decide si aprueba o rechaza.
