SEÑOR DIRECTOR:
A pesar de su limitada difusión en la prensa, el proyecto de Ley Integral de Salud Mental en Chile merece atención. Actualiza el marco legal para fomentar la salud mental en todas las etapas de la vida, promoviendo la inclusión social, la vida independiente y fortaleciendo la atención comunitaria en el sistema público de salud. Y, lo más importante, busca coordinar estas políticas entre diversos ministerios, más el Minsal.
Sin embargo, ciertos aspectos requieren mayor elaboración. Primero, hay ambigüedad sobre la desinstitucionalización psiquiátrica; el proyecto menciona el cierre o “transformación” de hospitales psiquiátricos sin acciones específicas, permitiendo cambios superficiales sin alterar el enfoque asilar. Para avanzar en este objetivo se necesita un plan detallado con plazos, metas y responsabilidades claras.
Segundo, falta priorización y evidencia respecto a los indicadores propuestos, lo que genera confusión y debilita el enfoque estratégico. Es necesario priorizar indicadores significativos para la población, como la inclusión social y la vida independiente, asociados a intervenciones efectivas para que las políticas sean evaluables.
Tercero, la participación de personas que reciben o han recibido atención en salud mental es limitada y carece de estructura. Se debe fortalecer su inclusión en todas las fases, creando mecanismos para su participación y proporcionando recursos para su capacitación y empoderamiento.
Aunque el proyecto consolida avances importantes, es esencial abordar estas brechas para que alcance su máximo potencial, y para que la ley se pueda utilizar como una herramienta para impulsar un sistema de salud mental más justo e inclusivo.
Franco Mascayano Tapia
Cristián Montenegro
Rodrigo Casanueva
Programa de Salud Mental Global
Instituto de Salud Pública UNAB
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