Esta columna fue escrita junto a:

• Andrés Bernasconi, Director Centro de Justicia Educacional (CJE)
• Alejandro Carrasco, Director Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE)
• Alejandra Mizala, Directora Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE)
• Juan Carlos Castillo, Subdirector Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)
• Claudia Matus, Directora Proyecto Anillos "La Producción de la Norma de Género"
• Oriana Bernasconi, Directora Proyecto Anillos "Tecnologías Políticas de la Memoria"
• Kathya Araujo, Directora Núcleo Milenio "Autoridad y Asimetrías de Poder"

El Ministerio de Educación anunció medidas, entre ellas un proyecto de ley, que buscan sancionar el "adoctrinamiento político" a menores en escuelas y jardines infantiles. Al respecto, como directores e investigadores de centros de investigación, núcleos Milenio y proyectos Anillo –financiados con fondos públicos de fomento a la investigación– queremos transmitir a las autoridades gubernamentales, legisladores y a la ciudadanía nuestro análisis sustentado en resultados de nuestras investigaciones:

Tras diecisiete años de implementación de la Política de Convivencia Escolar y ocho años de la Ley de Violencia Escolar y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación –que creó la Superintendencia de Educación– se observa que la gestión de la convivencia escolar está basada principalmente en el reglamento y sus sanciones, limitándose a una revisión formal para evitar multas.

Hoy más que nunca se hace necesario avanzar hacia un tipo de convivencia que forme para la vida democrática e incorpore las vivencias y experiencias de los y las estudiantes al interior del aula y del establecimiento educacional. Para ello es fundamental crear espacios reales de participación que estén abiertos a la diferencia, tanto de ideas como de orientación sexual, religión, etnia y nivel socioeconómico, entre otros. El aprendizaje de una convivencia democrática que promueva la argumentación y el debate reflexivo resulta clave para la cohesión social, así como para el desarrollo moral y del pensamiento crítico.

La Ley de Formación Ciudadana es, desde 2016, obligatoria para todos los establecimientos educacionales y exige un Plan de Formación Ciudadana que promueva la implementación de acciones pedagógicas que lleven a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento acerca de lo político, entendido como la idea sobre el bien común. El deber de la escuela en el ámbito de formación ciudadana es cumplir con las orientaciones curriculares que refuerzan la formación para una ciudadanía crítica y activa. Esto no es una forma de violencia. Por el contrario, las investigaciones demuestran que la discusión abierta en la sala de clases sobre distintos temas políticos se asocia a resultados positivos en los estudiantes, que incluyen expectativas de participación política y social, actitudes de empatía hacia los demás y conocimiento cívico. La participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones de la escuela es también el mejor predictor escolar de los atributos cívicos. Esto requiere una discusión sobre experiencias sociales vividas, así como el uso de documentos sobre el pasado dictatorial en la enseñanza. Todos estos ejercicios pedagógicos resguardan la participación activa y deliberativa de los estudiantes, así como sus derechos políticos.

Teniendo en consideración que ya existen mecanismos institucionales para resguardar los derechos de los niños, nuestra recomendación es instar a las comunidades escolares a resolver conflictos recurriendo a las instancias internas ya regladas por ley en los establecimientos educacionales, y en caso de no ser suficiente, acudir a la Superintendencia de Educación para que investigue casos denunciados.

El aula debe ser un espacio de libertad y confianza. Un proyecto legislativo como el impulsado por el Ministerio de Educación sólo logrará regular la conversación y el debate en el aula, limitando el pensamiento crítico, la reflexión y la argumentación de ideas, coartando la libertad docente e impactando negativamente el desarrollo cívico de los estudiantes. A la vez, nos parece que en la elaboración de este tipo de proyectos se requiere consultar previamente a quienes por años están realizando investigaciones en educación. De lo contrario, se convierten en iniciativas polémicas y poco efectivas, sin base empírica ni teórica seria, que sólo desvían la atención del objetivo central: mejorar la calidad de la educación.

En los difíciles momentos por los que atraviesa Chile instamos a las autoridades de Gobierno a actuar con máxima prudencia, fomentando siempre el diálogo y evitando impulsar iniciativas que aumenten la crispación y desconfianza, generando polarización y provocando divisiones que acentúen la crisis social.