Un proyecto plenamente constitucional

La regulación de la industria pesquera ha sido una de las más accidentadas de las últimas décadas. Y, también, una de las más afectadas por el corrosivo efecto del dinero en la política. De hecho, durante la tramitación de la Ley de Pesca vigente, un economista reconocidamente independiente, Eduardo Engel, denunció que, gracias a ella, el 85 por ciento de los recursos pesqueros seguirían en mano de siete familias.

En efecto, la Ley Nº 20.657 (aprobada a fines de 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera), permitió que un puñado de empresas -que gozaban desde el año 2000 de cuotas de pesca transitorias- se transformaran en dueñas de licencias de pesca por otros 20 años, renovables. Lo increíble es que dichas empresas obtuvieron este enorme beneficio sin tener que desembolsar un solo peso. Sí, leyó bien. Las licencias les fueron otorgadas sin haber hecho contraprestación alguna al Estado. En consecuencia, el mismo grupo de empresas, que venía desde hace años explotando buena parte del acervo pesquero del país, recibió un verdadero "regalo regulatorio" de cientos de millones de dólares.

Este es el tipo de maniobras que solíamos pensar ocurrían solo en países denominados "bananeros". Pero, como en muchos otros ámbitos en que hemos tenido que confrontar que el desarrollo no se logra solamente por alcanzar un determinado ingreso per cápita, la aprobación de la Ley de Pesca vigente representó una dura dosis de realidad.

Lo positivo es que -en un esfuerzo por enmendar su error- Piñera presentó en mayo pasado un proyecto de ley de pesca que busca terminar con el derecho a renovar las licencias a 20 años que se otorgaron a las empresas mencionadas, y establecer en cambio un sistema de subastas, en que nuevos actores podrán competir con los antiguos por adjudicarse derechos de explotación de recursos pesqueros.

Bien por el gobierno. El problema es que es de esperar que -si el proyecto logra salvar el feroz "lobby" de quienes se benefician con la Ley actual- los intereses afectados por la nueva legislación acudirán al Tribunal Constitucional (TC), para que declare inconstitucional el corazón de ley propuesta. Sí, leyó bien de nuevo. Las mismas siete familias que se han beneficiado por 18 años, de legislaciones que les han permitido acceder al 85 por ciento de los recursos pesqueros del país, seguramente acudirán al TC, invocando el derecho de propiedad sobre las licencias que les fueron otorgadas gratuitamente por el Estado en 2012, para impugnar la nueva ley de pesca. El argumento que esgrimirán a favor de la supuesta inconstitucionalidad del proyecto, muy probablemente será que el cambio regulatorio establecido en la nuevaley representaría una suerte de "expropiación", por la cual no se estaría indemnizando a las empresas actualmente titulares de las licencias transables.

Más allá de lo aberrante que resulta que los mismos que distorsionaron el sistema constitucional -por la vía de "capturar" a parlamentarios para aprobar una ley que les regalaba licencias transables por décadas- ahora pretendan refugiarse en la propia carta fundamental para defender privilegios obtenidos irregularmente, la sola noción de que cada vez que el Estado efectúe un cambio regulatorio deba indemnizar a los que se ven afectados por dichos cambios de política pública, llevaría a un completo "congelamiento" de las actuales regulaciones, sin importar si éstas sirven (o no) al bien común.