De acuerdo con un reporte publicado por este medio, el Comité de Ministros -instancia relevante dentro del proceso de evaluación ambiental, integrado por seis ministros de Estado y presidido por la titular de Medio Ambiente- acumula actualmente 15 proyectos pendientes de resolución, los que suman más de US$ 7.600 millones. A mediados de febrero del año pasado la entidad mantenía nueve proyectos de inversión pendientes, los que totalizaban del orden de US$ 1.500 millones.

Entre el listado de proyectos pendientes se encuentran Los Bronces Integrado, el cual contempla una inversión de US$ 3 mil millones, y es el que mayor tiempo lleva esperando por una resolución, totalizando más de 460 días. Central Termoeléctrica Angamos -con US$ 1.000 millones- es otro de los proyectos pendientes, el cual lleva esperando más de 350 días. En el listado también se cuenta el desarrollo urbano habitacional Maratué de Puchuncaví, representando una inversión del orden de US$ 2 mil millones.

Los titulares de los proyectos han recurrido al Comité de Ministros a raíz de recursos administrativos, mecanismos que permiten a las empresas impugnar resoluciones de calificación ambiental desfavorables o con condiciones que consideran injustificadas. Lo contradictorio de todo esto es que una instancia que se supone debería actuar con agilidad para despejar con la mayor prontitud posible estas reclamaciones y de esa forma brindar celeridad a la tramitación ambiental, incurre en demoras que no encuentran justificación.

Existe un amplio consenso de que el Comité de Ministros ya no se justifica; producto de su composición política resulta completamente funcional al gobierno de turno, desvirtuando su rol. El caso más ominoso lo representa el proyecto minero-portuario Dominga, el cual lleva años trabado producto de las discrecionales decisiones que ha adoptado dicho comité.

El proyecto de ley que ha presentado el gobierno para reformar el sistema de evaluación ambiental -el cual avanza a una lenta velocidad en el Congreso- contempla eliminar el Comité de Ministros, un paso que va en la dirección correcta, y que parece encontrar pleno asidero ante estos nuevos retrasos que no encuentran justificación. Es un ejemplo más de la falta de gestión en el Estado, y siendo el gobierno plenamente consciente de los altos costos que la llamada permisología representa para el país, es incongruente que una instancia que es resorte suyo contribuya a dilatar las tramitaciones, aumentando los costos para la economía.

Reducir los tiempos de tramitación ambiental de los proyectos de inversión resulta un aspecto esencial si es que el país aspira a aumentar su tasa de crecimiento económico; dicho objetivo es incompatible cuando en paralelo los plazos para obtener los permisos ambientales se extiendan incluso por más de una década. Un estudio de la Universidad San Sebastián concluyó que el tiempo promedio de tramitación ha aumentado a una tasa del 4% por año entre 1997 y 2023, estimando que el costo de la permisología representa el 0,58% del PIB -casi US$ 2 mil millones-, tomando en cuenta que más de la mitad de los proyectos están retrasados.