En Chile, la discusión sobre la reforma a la tramitación de autorizaciones sectoriales necesarias para cumplir con las diversas normativas impuestas por la sociedad, mal llamada “permisología”, resulta contradictoria con el debate sobre la estabilidad de las reglas que regulan actividades económicas fundamentales, como la pesca. Si bien es crucial agilizar estos procesos para evitar retrasos en importantes obras de inversión, es aún más importante que los permisos una vez otorgados, mantengan su validez a largo plazo para garantizar la certeza jurídica.

Las autorizaciones sectoriales abarcan un espectro amplio, desde requisitos ambientales hasta normativas sanitarias y de seguridad. Estas no solo son fundamentales para la protección de los intereses públicos y el medio ambiente, sino que también aseguran que las actividades económicas se alineen con las expectativas sociales y legales. Reducir la complejidad y el tiempo de tramitación de estos permisos es un paso esencial para facilitar la realización de proyectos que impulsan el desarrollo económico y la creación de empleos. No obstante, la eficacia de esta medida puede verse seriamente comprometida si las reglas que rigen estas autorizaciones son susceptibles a cambios frecuentes y arbitrarios.

La propuesta de ley que modifica el fraccionamiento pesquero, originada en el mismo Ministerio de Economía, nos da cuenta de un hecho contradictorio. Por una parte, esta secretaría de Estado busca reducir y agilizar permisos de manera que estos se aprueben en plazos más breves que hagan fluir más las inversiones, y por otro lado, arbitrariamente se traspasan cuotas de pesca dejando sin efecto permisos normativos a mitad de camino, generando incertidumbre entre los inversores y los operadores económicos. Al alterar un esquema que se suponía estable hasta 2032, se envía un mensaje preocupante sobre la volatilidad de las reglas que deben guiar la planificación a largo plazo. La autoridad no solo debería buscar un sistema normativo simple y expedito, sino también asegurar que se cumplan los plazos en los propios términos que esas normas establezcan.

Este tipo de modificaciones desincentiva la inversión y afecta la sostenibilidad de industrias completas, especialmente en regiones donde la pesca es vital para la economía local, y, exacerbando los problemas de las comunidades dependientes.

La reforma sobre fraccionamiento pesquero no solo implica cambios económicos significativos, que podrían resultar en el cierre de instalaciones y pérdida de empleos, sino que podría tener repercusiones en la cadena de valor más amplia, afectando la disponibilidad de productos pesqueros para el consumo humano y aumentando la producción de subproductos como la harina de pescado.

Frente a este panorama, la solución no radica solo en acelerar la emisión de permisos, sino en asegurar que las decisiones tomadas hoy no sean revocadas sin un consenso claro entre todos los actores involucrados. La posibilidad de modificar decisiones previas debería, idealmente, requerir un acuerdo mutuo, salvaguardando así la confianza y la inversión a largo plazo. Esta práctica no solo es saludable desde una perspectiva democrática, sino que también proporciona la previsibilidad necesaria para que tanto inversionistas locales como extranjeros sientan la seguridad de que sus operaciones no estarán sujetas a cambios arbitrarios. Ello no solo beneficiaría al sector directamente afectado, sino que también fortalecería el Estado de Derecho y la previsibilidad en el ambiente de negocios de Chile.

Así, mientras Chile avanza en la simplificación de su burocracia, es crucial que también consolide un marco regulatorio que brinde certeza y estabilidad. Solo mediante un compromiso firme con la certeza jurídica se podrá fomentar un clima de inversión saludable y sostenible, que permita al país competir eficazmente en el panorama global, atrayendo inversiones y promoviendo un desarrollo económico inclusivo y duradero.

Por Carlos Mladinic, economista y ex ministro de Estado