Punto muerto
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El drama es precisamente ese: cómo sigue funcionando un país en medio de la más grave crisis política y social de los últimos cuarenta años sin gobernabilidad, sin Constitución, sin estado de derecho, con la violencia rondando a la vuelta de la esquina, y en medio de una pandemia que genera destrucción económica, cesantía, privaciones, encierro, desesperanza.
La imagen de Sebastián Piñera solitario, sentado en un salón de La Moneda, tratando de impedir un resultado ya inevitable, resume el colapso vivido esta semana por su gobierno, su coalición y por él mismo. Luego de la ratificación por la Cámara de Diputados del proyecto que permite retirar el 10% de las cotizaciones -de nuevo con respaldo oficialista-, la vida política de esta administración llegó a su fin. Sucumbió ante la fuerza demoledora puesta en movimiento a partir del 18 de octubre, multiplicada luego por el cataclismo de la pandemia.
Corolario de un largo ciclo de deterioro político e institucional, ambos fenómenos instalaron el escenario perfecto para una oposición implacable, que no escatimó recursos para que el gobierno no lograra sortear el abismo. Un gobierno y un Presidente que, por su parte, nunca dejaron de vivir en la estratósfera, sin conexión con el sentir ciudadano, sin capacidad de entender lo que simboliza la derecha en el poder, en especial, para sus adversarios. Después del 18 de octubre, ya instalados en el epicentro del estallido social, las debilidades políticas, los errores comunicacionales y las expectativas ilusas, fueron cavando el nicho que en estos días terminó de devorarlos.
Ahora, además, con un agravante: el desbande en la coalición, votos que estuvieron disponibles en la Cámara y lo estarán en el Senado; con renuncias de parlamentarios en la UDI, la bancada de RN partida en dos y el candidato presidencial del sector subiéndose a una balsa para evitar el naufragio total. En los hechos, aquí no solo pesó el enorme respaldo que la población depositó en el retiro del 10% de las cotizaciones, sino también, la convicción de que se está frente a un Presidente y un gobierno difuntos, es decir, con nula posibilidad de recomponerse políticamente y sin una base mínima de legitimidad. Carente de liderazgo, sin ministros que puedan ordenar sus propias filas y sin apoyo ciudadano, un grupo de parlamentarios inició el desembarco con un año y medio de anticipación.
Y el drama es precisamente ese: cómo sigue funcionando un país en medio de la más grave crisis política y social de los últimos cuarenta años sin gobernabilidad, sin Constitución, sin estado de derecho, con la violencia rondando a la vuelta de la esquina, y en medio de una pandemia que genera destrucción económica, cesantía, privaciones, encierro, desesperanza. Con el sistema político también fenecido, sin credibilidad en ningún sector, con polarización galopante, Chile se apronta nada menos que a iniciar un proceso constituyente, ad portas del año con más procesos electorales en su historia y tratando de poner de nuevo en marcha una economía semiparalizada.
¿Cómo se llega en estas condiciones al término del actual mandato presidencial? ¿Quién provee un mínimo de orden, de certidumbre y conducción al país? Son preguntas que en esta hora es arriesgado incluso atreverse a esbozar.
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