¿Purgar la mora del Estado?

Por Fernando Atria, presidente del partido Fuerza Común (en formación)

Revuelo causaron las declaraciones del director del Instituto de Derechos Humanos, lamentando que “ellos” (no especificaba la referencia de su uso de la primera persona del plural) no hayan hecho lo suficiente para transmitir una de “sus verdades”: que no hay derechos sin deberes. Y revuelo causaron las reacciones a esas declaraciones. Los que se han atribuido la función de defensores del orden, la seriedad y la razonabilidad públicas (a) salieron a defender al director del INDH de la descalificación de que habría sido objeto; especialmente considerando que (b) solo había dicho algo obvio, que los derechos suponen obligaciones.

A lo primero la respuesta es tan obvia que sorprende tener que recordarla: todas las personas, especialmente quienes detentan posiciones estatales, están expuestas a la crítica. Quienes protestan por las críticas recibidas por el director parecen suponer que él tiene una suerte de derecho a ser oído con temor reverencial. Este derecho por cierto es totalmente incompatible con la discusión democrática y la libertad de expresión. Y aquí hay cierta ironía, porque los mismos que destacan la importancia de los deberes niegan, en este caso particular, el deber más obvio que va junto a un derecho: es que el derecho que tiene Sergio Micco a decir lo que piensa implica su deber de soportar la crítica, por incómoda que le resulte. El que ve en esa crítica “intolerancia”, “agresión” o “bullying” está negando el derecho de los críticos a expresarse. Es una peculiar contradicción pragmática: mientras alegan que los derechos implican deberes, rechazan que Micco tenga el deber de soportar la crítica, solo porque tiene el derecho a expresarse.

Pero todo esto parece accesorio: ¿no es verdad que los derechos implican deberes? La respuesta es que, en lo que a los derechos humanos se refiere, sí, por cierto. Los seres humanos tienen derechos y el Estado tiene deberes. Del derecho a no ser torturado se sigue el deber del Estado de no torturar. Sin esos deberes, los derechos serían fútiles. Pero Micco no estaba hablando de los deberes del Estado que son correlativos a los derechos humanos, porque eso lo habría llevado a reflexionar, por ejemplo, sobre el modo en que Carabineros ha respetado o no el derecho a reunión y manifestación. No, estaba sugiriendo una suerte de bilateralidad entre derechos y deberes, que los abogados designan diciendo “la mora purga la mora”: el comprador tiene derecho a que le entreguen la cosa, pero tiene el deber de pagar el precio. Y si no paga el precio, el vendedor puede negarse a entregar la cosa. Tienen razón los críticos del director del INDH: uno habría esperado que estuviera preocupado de si el Estado ha cumplido o no sus deberes; porque con sus declaraciones, Sergio Micco parece estar especialmente preocupado de buscar excusas para purgar la mora del Estado.