¿Qué entendemos por responsabilidad fiscal?

Por Javiera Martínez, presidenta de Rumbo Colectivo

En los últimos años se ha acentuado la discusión sobre aquello que es “responsable fiscalmente” vs. lo que se ha tildado de “irresponsable” y que no considera equilibrios macroeconómicos e implicancias de largo plazo. Esta reducción del debate ha impedido una conversación más profunda sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y cómo esta se compatibiliza con los desafíos sociales, sanitarios y climáticos.

Una reducción sostenida del debate la ha planteado Chile Vamos al utilizar el término “responsabilidad fiscal” como una forma encubierta e incluso dogmática, de “austeridad fiscal”. Prueba de ello es que, aun cuando la evidencia comparada y recomendaciones internacionales decían lo contrario, el gobierno, al iniciar su gestión, ingresó paquetes de austeridad fiscal y la propuesta de disminuir US$ 833 millones a causa de la integración tributaria bajo un discurso de modernización y responsabilidad fiscal.

La misma óptica se ha materializado en las discusiones presupuestarias de cada año. En especial en las áreas de cultura, ciencia, educación superior pública e innovación, se ha insistido en un paradigma de competencia y concursabilidad, disminuyendo la base de gasto de largo plazo y fragilizando su institucionalidad, en vez de proponer financiamientos estables en el tiempo, que sería lo responsable de hacer.

En plena crisis Covid, los ministros de gobierno decían “hay que ser responsables” cuando se le preguntaba por qué los bajos montos de las ayudas económicas -la cual promedió $ 57mil por persona mensual el año 2020- y la excesiva focalización. ¿Fue aquello responsable? Las acotadas y poco oportunas ayudas económicas del gobierno no solo no ayudaron a controlar la circulación viral, sino además prolongaron la desaceleración económica y catalizaron las medidas sobre los ahorros previsionales.

Se podría argumentar, por parte del gobierno, que la razón era técnica. Que, según el informe de finanzas públicas, no era posible aumentar el gasto público durante la pandemia porque la deuda bruta podía llegar a 45% del PIB en 2030. Lo que omite esta argumentación es que, según el mismo informe, las proyecciones suponen que la estructura tributaria se mantiene invariable hasta el 2030. Si financiar gastos permanentes con ingresos permanentes es la base del concepto de responsabilidad fiscal, ¿es responsable pensar que la convergencia del balance estructural se alcanzará solo con reducción del gasto público y tener una inacción en términos de recaudación fiscal?

Los equilibrios macroeconómicos importan, pero lo barato y la falta de acción cuesta caro. Para construir disciplina y credibilidad de la regla fiscal, es necesario ponderar mejor el contexto en el que vivimos y salir del debate dogmático. Cuando hay voluntad política, las soluciones técnicas se encuentran. La invitación es a debatir sobre una mirada integral de los equilibrios fiscales en el tiempo y a construir una política fiscal responsable que se haga cargo de los desafíos sociales, medioambientales y sanitarios que enfrentamos.