Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
Uno de los compromisos más ambiciosos del nuevo gobierno es el de condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Si bien se entiende la pretensión de responder a una de las demandas que surgieron junto con la figura política del Presidente, lo cierto es que se trata de una mala idea y hay alternativas más convenientes para apoyar a los deudores.
Según la Dipres, entre 2015 y 2020, el gasto público en educación superior aumentó en 67% real, esto es, más del doble de lo que creció el gasto total y más de tres veces lo que creció el gasto en educación escolar y parvularia. Ello, que se debe a la introducción de la gratuidad en 2016, habla de la prioridad que se le ha dado a este nivel educativo en el último tiempo, lo que va en contra de las recomendaciones de los expertos. La condonación de las deudas del CAE -cuyo costo superaría los US$ 10 mil millones- implicaría continuar por dicha senda.
Hoy se calcula que del orden de la mitad de los deudores del CAE paga una cuota inferior al 5% de su sueldo y que 7 de cada 10 paga menos del 10%. Si bien en sus inicios este crédito tuvo condiciones de pago más gravosas, desde 2012 la ley se reformó y permite que, en caso de que la cuota supere el 10% de los ingresos del deudor, éste pueda solicitar una rebaja hasta dicho tope; o bien, en caso de cesantía o estudios en el extranjero, pueda suspender temporalmente su pago. El problema, no obstante, es que dichas cláusulas no se aplican automáticamente y exigen estar al día en el pago. ¿Por qué no avanzar en que dichos mecanismos sean automáticos y así transitar hacia lo que a nivel mundial se conoce como un sistema de créditos contingentes al ingreso? Estos se usan con cada vez mayor frecuencia en países de la OCDE que han visto cómo la gratuidad universal es insostenible. Del mismo modo, en lugar de avanzar hacia una condonación a rajatabla que no distingue la situación de cada deudor, ¿por qué no mejor introducir un plazo máximo de pago, luego del cual el saldo remanente se extinga y sea asumido por el Estado?
Si bien estas medidas también requerirían financiamiento público, serían más baratas que la condonación total de las deudas, pues tienen la ventaja de favorecer solo a quienes realmente lo requieran, sin imponer de antemano un perdonazo a quienes tienen una buena situación económica -en parte importante gracias a los estudios que financiaron con al CAE. Del mismo modo, éstas no sólo evitarían sobrecargar a los deudores, sino también al Fisco y a las generaciones futuras, dejando espacio para atender otras necesidades sociales. Y, por último, nos evitarían entrar en una espiral populista de condonación total en el futuro -tal como ha ocurrido con los retiros de ahorros de pensiones-, que a la larga termine sepultando la posibilidad de tener un sistema de financiamiento estudiantil que se sostenga en el tiempo.
