El optimismo del ministro Cordero por las nuevas cifras de homicidios fue contagioso. Sin embargo, hay que tener cuidado con tanta alegría porque en materia de crimen organizado esa disminución puede transformarse en una luz de alerta. Por eso, es que la cifra debe ser revisada con una lupa que permita hacer un zoom a esos 1.207 asesinatos.

La violencia es mala para el negocio. Da mucha visibilidad al grupo criminal. Pero, eso no significa que no la utilicen cuando sea necesario. Es un arma sumamente efectiva si se trata de lidiar con la competencia por control territorial.

Teniendo eso en mente, ¿qué hay detrás de esas 1.207 muertes? Probablemente un avance en el control territorial y la consolidación del poder criminal en ciertas partes del país.

Es cierto que en el norte las principales células del Tren de Aragua han estado bastante presionadas y han logrado desarticularlas, también la presión en la Región Metropolitana puede tener algo que ver.

¿Dónde está la preocupación entonces?

El aumento que se está observando en niños, niñas y adolescentes (NNA) involucrados en homicidios preocupa y se transforma en un desafío para el Estado. Los NNA aumentan un punto entre 2023 y 2024, son menos del 10%, pero el aumento es sostenido. Esto sólo evidencia que los jóvenes están buscando oportunidades en otros lugares y que cruzar la línea de lo legal no parece afectarles.

Los antecedentes penales son otra alerta. Más de la mitad de las víctimas de homicidios consumados registraban condenas penales previas, es decir, no se ha podido romper el círculo del delito. Algo falta en materia de prevención.

El uso de armas de fuego va a la baja, sin embargo, el hallazgo de cadáver con participación de terceros muestra un incremento importante. Se podrá estar cambiando el arma, pero se mantiene el contexto criminal asociado al homicidio.

Las alertas que no pueden dejarse pasar tienen que ver con el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales y la competencia que representan estos grupos para el Estado en esos rangos etarios; pero, también con el trabajo penitenciario que se está realizando, ¿hasta dónde se tiene control sobre la población penal y cuánta prevención se realiza en esa materia? La cárcel, en América Latina, es la oficina corporativa del crimen organizado y el lugar para reclutar, someter y enseñar.

Tal vez la más preocupante de todas las alertas tiene que ver con esa disminución de asesinatos. La baja puede significar la instalación de la criminalidad organizada en el territorio y el inicio de la siguiente etapa en materia de control territorial: las extorsiones. ¿Qué sabemos sobre ellas? Según un informe de la Fiscalía Nacional publicado a mediados de marzo, el 2023 registró 763 extorsiones, lo que representó un aumento del 98% con respecto al 2022. Esa tendencia al alza podría venir a confirmar la hipótesis: la baja en homicidios puede estar dando paso a un siguiente nivel de consolidación de crimen organizado.

Por Pilar Lizana, directora de Volpe Consulting