SEÑOR DIRECTOR:
Se ha vuelto a instalar el debate sobre la calidad docente. Si dejáramos de ser cortoplacistas, nos daríamos cuenta de la urgencia de priorizar la revisión de la ley 20.903, que establece el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Actualmente, contamos con esta política pública, que reconoce la inducción y mentoría como un derecho para los docentes que ingresan por primera vez al aula. Sin embargo, el PNUD ha identificado nudos en su diseño e implementación que deben ser abordados para aumentar su cobertura (en casi 8 años solo ha cubierto el 1% de la población elegible) y mejorar su eficacia, para lograr retener el talento y evitar la fuga docente.
Es importante ampliar y flexibilizar los criterios para que los directores puedan presentar sus propios planes de inducción, recibir recursos asociados y formar duplas de mentor-profesor dentro de sus establecimientos. No es eficiente que esta decisión sea tomada por alguien ajeno a la escuela que no conoce su realidad. Quién más que el director sabe lo que su escuela necesita. A su vez, es necesario revisar los criterios de elegibilidad de los mentores y sumar a las carreras de Pedagogía en la tarea de difundir este derecho.
Tenemos la ley y un diagnóstico de los problemas en su implementación, enfrentamos un déficit proyectado de educadores y contamos con un sistema que podría abordar una de las causas de la fuga de talento: la falta de acompañamiento. ¿Qué más necesitamos esperar?
Florencia Mingo, Bernardita Yuraszeck, Magdalena Plant, Soledad Ortúzar y Anita Díaz
