La semana pasada un cliente me preguntó qué pasaría si se eliminan las exenciones tributarias, se aprueba el impuesto a los super ricos y se aprueba un alza del royalty minero. La respuesta es sólo una: pasaríamos a ser uno de los países menos competitivos del mercado.Por lo tanto, cuando se analizan las exenciones, el primer antecedente que debemos tener es cuánto más recaudaríamos eliminándolas y si con eso estamos emparejando la cancha o estamos perjudicando la economía.
El informe del FMI y el de los economistas designados por el Ministerio de Hacienda sobre la materia concluyen que carecemos de información sobre el efecto recaudatorio de varias de estas medidas. Y por otro lado, tampoco se le ha hecho seguimiento a las exenciones para determinar si cumplen o no efectivamente los objetivos por las cuales fueron establecidas.
Pongamos un caso. El impuesto al diésel se recarga al precio de venta de este combustible y que se recupera en un 100% como crédito por quien lo soporta económicamente, en este caso están las industrias y otras. En cambio, los camiones pueden recuperar sólo un porcentaje dependiendo del volumen de ingreso de la empresa de transporte: por ejemplo, si una empresa factura menos de $70 millones al año podrá recuperar un 80% de este impuesto, esto es, paga sólo un 20% del impuesto; en cambio una empresa que tiene ingresos por más de $580 millones aproximadamente recupera un 31%, esto es, paga un 69% del impuesto. Mientras una empresa industrial recupera el 100% del impuesto, esto significa que, al final del día, no lo paga.
Esto tiene mucho sentido, ya que este gravamen se estableció para reconstruir las carreteras después de terremoto de 1985, antes de que se establecieran las concesiones viales en los años 90. Es por ello que este impuesto se estructuró para que fuera pagado por quienes usaban las vías públicas.
Hoy el impuesto al diésel se mira como un impuesto verde que debe ser pagado por quienes contaminan.Sin embargo, ello requiere replantear toda la tributación al diésel, ya que bajo esta premisa deben pagarlo todas las entidades que usan petróleo y que contaminan, tengan cuatro o más ruegas o sean fuentes fijas.
Como este impuesto, podemos analizar varios otros que están en el listado de exenciones.Algunos de ellos van de la mano con definiciones muy estructurales, por ejemplo, el tratamiento aplicable a las cotizaciones previsionales voluntarias, la que permite en el caso del Régimen B deducir esta cotización de la base imponible del trabajador hasta un monto máximo cercano a $1,5 millones mensualmente. La eliminación o limitación de estos beneficios van en directa relación con las definiciones que se tomen en las modificaciones a la Ley del Sistema de Pensiones, ¿queremos incentivar o no el ahorro individual?
Por otro lado, tenemos la Renta Presunta, en que hay acuerdo unánime de eliminarla, pero gradualmente en el tiempo. Según el SII, el año pasado 74.109 contribuyentes se acogieron a este beneficio, principalmente pequeños agricultores, quienes viven en zonas donde hay baja o nula conectividad tecnológica que les permita acceder a las bases del fiscalizador.Cabe recordar que como ha señalado el Barómetro de la Brecha Digital, en Chile a diciembre de 2020 hay todavía 23 comunas en situación de acceso crítico a internet.
Como podemos ver, las exenciones hay que analizarlas contando con información mucho más precisa que aquella con la cual contamos ahora, para emparejar la cancha y ver si los incentivos quedan o no bien puestos.
* La autora es socia Recabarren & Asociados y presidenta CELET
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