Por Yanira Zúñiga, profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Unversidad Austral de Chile
El Congreso argentino acaba de aprobar una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana catorce de gestación, causando la alegría de miles de mujeres que, confundidas en una verdadera marea verde, venían impulsando tal proyecto desde hace años. Dicha ley reconoce que las mujeres no solo son gestoras de otras vidas sino dueñas de sus propios cuerpos y destinos, trata a la capacidad de gestar como la base biológica para el ejercicio de una libertad (no de un deber) y reafirma el avance de los derechos reproductivos, que históricamente han sido esquivos para las mujeres. Testimonia, además, la renovada acción e incidencia política del movimiento feminista en Latinoamérica.
Aun cuando esta ley tiene elementos novedosos (como el reconocimiento de la capacidad de gestar en cuerpos diversos y un enfoque prestacional que se proyecta al período posaborto), en lo medular -es decir, en la sustitución de la criminalización del aborto por un régimen de libertad reproductiva dentro de un plazo-, Argentina no hace más que apuntarse a una tendencia regulativa inaugurada hace medio siglo en el mundo.
Con todo, como destacó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, esta ley puede considerarse “un avance significativo para los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región”. En efecto, la práctica del aborto en todo el mundo tiene un sesgo de clase, que se agudiza en las sociedades más pobres y es ignorado, como un secreto a voces, en el marco de los debates que instan por su despenalización. Así, mientras en los parlamentos y tribunales latinoamericanos, durante décadas, se han enfrentado diversas posiciones éticas, políticas, jurídicas, a menudo reducidas a “argumentos” ramplones, vociferantes y pontificantes; en los entresijos de estos debates se han ocultado las historias reales de mujeres y niñas, atrapadas en círculos de violencia y pobreza, condenadas a intervenciones clandestinas, privadas de oportunidades y castigadas por “desviarse” del mandato social de ser madres, el cual se enhebra y refuerza con posiciones religiosas (católicas y evangélicas) muy influyentes en la región.
Por eso, en Latinoamérica, donde predomina la criminalización del aborto, dichas regulaciones han sido objeto de una creciente politización feminista, de carácter transnacional. Sin duda, de la tenaz y resiliente movilización en Argentina se puede aprender mucho, pero es importante no desatender las dificultades idiosincráticas de cada debate y aprovechar las ventanas de oportunidad. Dada la sobreprotección de la objeción de conciencia en Chile (originada en dos decisiones del Tribunal Constitucional) y su enorme efecto en el acceso local a la IVE, la próxima discusión constituyente puede transformarse en un terreno propicio y precursor para avanzar en esta materia.
