Por Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura UDD
Históricamente la política habitacional chilena promovía la propiedad como escalón para salir de la pobreza. Desde 1964 cerca de 2,9 millones de familias se hicieron propietarias con la ayuda del Estado. El 2006 casi un 70% de los hogares chilenos habitaban una vivienda propia. Pero algo cambió, en 2013 la propiedad se redujo a 64,6%, para descender hasta el 60,4% según la Casen de 2017. La escasez, alto costo del suelo y trabas impuestas por planos reguladores a la altura o extensión urbana han disparado los precios de compra o arriendo más de un 50% desde el 2007, haciendo que más de la mitad de los hogares de menores ingresos gasten sobre 40% de estos en arriendo. Cambio que también se explica por el aumento de la movilidad residencial: Los chilenos ya no sueñan la casa propia para toda la vida, sino para distintas etapas de su vida.
Ahora que vivimos una crisis de acceso a arriendos o propiedades a precios alcanzables, es necesario generar un shock de oferta que provea viviendas dignas para las más de 700 mil familias que aún necesitan la ayuda del Estado para vivir dignamente. El problema es que la oferta estatal no ha sido capaz de avanzar a la misma velocidad que la demanda. El año que más viviendas se construyeron con subsidios fue el 2010, con 92 mil, cifra que bajó a poco más de 50 mil desde el 2015. En este contexto el subsidio al arriendo surge como una alternativa, y el Minvu espera este año llegar a los 66 mil. Así, combinando propiedad y arriendo, este año podríamos volver a más de 100 mil soluciones habitacionales, cifra a la que ya se han comprometido candidatos desde Jadue a Lavín en sus programas de gobierno. De ser así, podríamos llegar al esperado déficit cero antes de que termine esta década.
El desafío será cómo aumentar la oferta y de dónde saldrán esas viviendas, ya que no podemos delegar al gobierno toda la responsabilidad. Es aquí donde surge una ventana de oportunidad, si incorporamos al sector privado en la provisión de vivienda pública por la vía de potenciar las cooperativas y fundaciones de vivienda sin fines de lucro. Un modelo que en los Países Bajos ha sido tan exitoso, que una de cada tres viviendas en Holanda es una vivienda social, donde una de cada tres familias paga un alquiler menor al valor de mercado. Desde 1901 Holanda cuenta con la Woningwet (Ley de la Vivienda) que fomentó la organización de cooperativas que a través de préstamos del gobierno serían las encargadas de la construcción de viviendas para los trabajadores.
¿Será posible una alianza público-privada similar en Chile? Para conocer más de esta experiencia, la Embajada de los Países Bajos junto a la UDD organizamos el webinar ¿Qué tan pública es la vivienda pública? (martes 10:00hrs. Transmisión por uddtv.udd.cl), donde compartiremos las lecciones de larga experiencia holandesa en la provisión de viviendas públicas basado en una cooperación eficiente entre sector público y privado, así como los primeros pasos de fundaciones y fondos de inversión con impacto que buscan una nueva forma de proveer vivienda justa en nuestro país.
