SEÑOR DIRECTOR:
El pasado 28 de noviembre, cerca de 300 funcionarias y funcionarios de la Universidad de La Frontera recibieron una noticia devastadora: debido a la crisis financiera, con un déficit de 38 mil millones de pesos, no serán contratados para el año 2025. Entre ellos, al menos 98 personas que perciben ingresos inferiores a 600.000 pesos mensuales.
Según declaraciones del rector, el criterio principal sería alcanzar un ahorro de $5.000 millones anuales en contratas y $2.000 millones en honorarios. Aun así, esos casi 300 sueldos, compuestos en gran parte por los ingresos más bajos de la universidad, no alcanzan a cubrir las cifras esperadas.
Son casi 300 trabajadoras y trabajadores desvinculados, 98 de ellos con ingresos mínimos que apenas alcanzaban para sostener a sus familias. Y, mientras ellos cargan con el peso de una crisis que no provocaron, la cifra de 38 mil millones de déficit se convierte en un símbolo del costo de decisiones mal tomadas, injustas y carentes de humanidad. Esto no es solo un número; son vidas afectadas, hogares destruidos y una profunda herida en el corazón de una institución que alguna vez fue motivo de orgullo para la región y el país.
Ana Soto Acuña
Funcionaria desvinculada de la Universidad de La Frontera
