Cada día habrá más viejos que cuidar. Cada día habrá menos jóvenes para cuidar a los viejos. Las familias son cada vez más reducidas, lo que limita las redes de apoyo. Además, el costo alternativo de los cuidadores será más alto toda vez que su trabajo es indispensable para generar el crecimiento económico que el país requiere e indispensable para financiar el alto costo de los adultos mayores.

A raíz de los resultados del Censo, estas semanas se ha debatido largamente sobre la crisis de los cuidados y la imperiosa necesidad de organizarnos como sociedad para responder en tiempo y forma a uno de los desafíos más complejos y estratégicos que enfrentamos. No podemos pasarnos 11 años discutiendo una política de cuidados, como ha sido el triste caso de la sala cuna universal.

Lo primero es entender los cuidados como un componente esencial de la existencia. Todos somos sujetos de cuidado en distintas etapas de la vida. La necesidad de cuidados no tiene género, pero la manera como respondemos a ella sí ha tenido. Históricamente los cuidados han sido entendidos como un problema a resolver en el ámbito privado y han recaído fundamentalmente en las mujeres. Hemos sido las madres, las hijas, las esposas, las abuelas y las hermanas las que más tiempo dedicamos a los cuidados. Y aunque en las últimas décadas transitamos a un esquema de mayor corresponsabilidad, las brechas persisten. Sin ir más lejos, en enero conocimos los resultados de la II Encuesta Nacional sobre el uso del tiempo y “dentro del trabajo no remunerado, la mayor brecha de género se observa en trabajos de cuidados a otros integrantes del hogar y trabajos de cuidados a otros hogares”.

ComunidadMujer ha planteado reiteradamente la necesidad urgente de una organización social de los cuidados basada en un modelo de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, sector privado y comunidad, como un pilar fundamental dentro de la protección social y de la reactivación económica.

El proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y que busca reconocer a cada persona el derecho al cuidado, y que comprende el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado, debiera ser tramitado con celeridad, observando la experiencia de otros países. En esta dirección conviene mirar la experiencia internacional de Japón, Alemania y los países nórdicos que han implementado políticas de Estado que articulan a las familias, a la sociedad civil y al mundo privado.

Sabemos que el que cuida compromete su autonomía económica, sus posibilidades de autorrealización y sus oportunidades de participación social ; y se sobrecarga física y mentalmente. Por eso es tan importante que la gestión de esta crisis de cuidados establezca fórmulas para que la carga no siga recayendo desproporcionadamente en las mujeres, limitando su desarrollo, como ha sido hasta ahora.

Por Anita Holuigue, vicepresidenta de ComunidadMujer