¿Quién paga la cuenta?

Por Carlos Ominami, economista

Guardar cartuchos para mañana”, responde el gobierno a las críticas por la insuficiencia de las ayudas a los sectores vulnerables.

Suena razonable, lógico, obvio. Sin embargo, si se piensa bien, confrontado a la magnitud de la crisis y los tremendos riesgos que ella conlleva en el plano sanitario, social y económico, el argumento es falaz. Es como si frente a un gran incendio fuera de control el jefe de los bomberos decidiera mantener una reserva de agua en previsión de otro incendio que a futuro pudiera producirse.

Al inicio de la crisis, cuando el gobierno propuso el bono Covid de $50 mil, se le dijo en todos los tonos que era ampliamente insuficiente. Y así quedó en evidencia incluso antes de que se comenzara a pagar. Algo parecido ocurrirá con el llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), recientemente aprobado. Por de pronto, en razón de su monto. Una familia de cuatro integrantes percibirá al tercer mes del beneficio $182 mil, con lo cual apenas cubrirá el 40% del ingreso necesario para superar la línea de pobreza.

El monto es exiguo y más aún decreciente en el tiempo. ¿Qué sentido tiene un subsidio que disminuye cuando el número de contagios exhibe un aumento exponencial? Si el distanciamiento social es fundamental, ¿por qué razón no garantizar una renta de emergencia que permita a una familia vulnerable respetar las cuarentenas? ¿Qué sentido de responsabilidad para con la sociedad se les puede exigir a esos millones de chilenos, si esta es tan poco solidaria con ellos?

No es cierto, como ha dicho el gobierno, que la política fiscal esté en su límite. Chile dispone de importantes ahorros externos previstos para enfrentar emergencias y existe además un amplio espacio para contraer deuda externa e interna a tasa prácticamente cero.

El costo del IFE es de US$ 802 millones, equivalentes a 0,32% del PIB. Con 0,8% se habría podido financiar una renta básica por sobre la línea de pobreza. Se trata de un porcentaje pequeño respecto a los casi siete puntos de PIB que acumulan los fondos soberanos.

Se ha dicho que más que presupuestaria, la restricción que frena la acción del gobierno es ideológica: limitar el aumento del tamaño del Estado. Pero, no es la única. Hay otra más importante y menos elegante y se resume en ¿quién paga la cuenta? Se busca evitar, como sería lo lógico, una reforma tributaria concentrada en el 1% más rico, que permita un ajuste progresivo de las cuentas públicas. Adicionalmente, se trata de mantener la razón deuda pública/PIB en niveles bajos, porque ese es el principal indicador que observan las clasificadoras de riesgo como Fitch, Moody’s o Standard & Poor’s, las que valoran también muy positivamente la existencia de un alto ahorro externo.

Cuando en un país el gobierno pierde de vista los intereses de las mayorías, hay que reconocer que tenemos un problema muy de fondo que hace bien difíciles los grandes acuerdos.