Por Óscar Guillermo Garretón, Economista
En las últimas horas han cundido las loas al futuro gabinete presentado por el Presidente electo el viernes. Particularmente elogiosos - salvo en figuras del PC - han sido los comentarios sobre el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda. Los comparto. Sin embargo, solo un estatista desubicado puede creer que de la política y del Estado depende en exclusiva hacer a Chile más justo, próspero e inclusivo, como manifiestan desear todos.
Fue realista entender que el futuro gobierno requería mayorías sociales y políticas más amplias que Apruebo Dignidad. Pero no basta. En materia fiscal viviremos dos desafiantes procesos simultáneos, sincrónicos, imposibles de eludir. Elaborar una reforma tributaria que dé financiamiento estable al Chile deseado por la mayoría y un aumento inevitable del endeudamiento público en los primeros años. La reforma tributaria no entrará en régimen hasta unos dos o tres años más y no es factible políticamente hacer viable un gobierno con mandato ciudadano de más derechos sociales, imponiendo una severa reducción del gasto fiscal. Ese es camino directo al fracaso. Compromete la viabilidad de todos; de los Boric, los Marcel y los empresarios.
Gobierno y empresa requieren algo así como un pacto social de nuevo tipo y de largo plazo, para enfrentar con realismo esta particular coyuntura. Si el mundo empresarial privado desea un país ordenado y un gobierno fiscalmente responsable, con reglas del juego claras y estables; si quiere un país moderno, seguro y sólido, no tiene otra alternativa que abrirse a concordar una política fiscal que combine reforma tributaria y gasto público a tiempo. A su vez, si el gobierno quiere de verdad viabilizar un país con derechos crecientes, donde el “paso a paso” sea visible y por ende creíble, un país sin estampidas financieras, necesita un dinamismo económico potente que solo puede asegurarlo una empresa privada comprometida en ello: la actual, la de los startups, la de unicornios y nuevos emprendimientos; la pequeña, la mediana y la grande. Eso supone una reforma tributaria eficiente y justa; consensuada, como lo comprometió el Presidente electo en Enade.
Así las cosas, el gobierno tiene una tarea más difícil que aquella de ampliar su alianza política. Requiere realismo económico. Un entendimiento mayor que un frágil pacto de no agresión mutua con la empresa privada. El Presidente electo lo ha insinuado y también dirigentes del mundo empresarial. Pero partimos de trincheras enfrentadas; de las que ambos deben salir a tenderse la mano. La lógica socialdemócrata de acuerdos está más cerca de las europeas que de aquella que inspiró a la izquierda que llega a gobernar. Sin embargo, la guerra no es viable para ninguno. Ambos pueden optar por huir hacia adelante sin asumirse, pero lo pagarán Chile y ellos mismos.
Son tiempos de compartir y extender realismos.
