Recesión económica planetaria y el país más neoliberal del mundo

El pasado viernes 27 de marzo, una abrumadora noticia recorrió el mundo. Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, señaló formalmente el inicio de una recesión económica mundial a raíz de la pandemia del Covid-19. En streaming, la economista planteó la necesidad de tomar potentes medidas por cada país para enfrentar la crisis más grande de la historia económica moderna.

Así, el concierto económico internacional y las economías del G-20 han comenzado a desarrollar paquetes económicos de sostenimiento de las respectivas demandas internas que alcanzan el 6% del PIB mundial; Estados Unidos hace lo suyo, inyectando recursos frescos por dos billones de dólares a pymes, familias y agentes económicos, a través de la política fiscal más importante de su historia.

Los organismos internacionales como el FMI estudian la financiación de sostenimiento de la demanda de más de 80 países en vías del desarrollo, en tanto que la CEPAL, preocupada por el 35% de empleo informal en Latinoamérica, ya habla de tener una política económica de guerra.

En contraposición a toda lógica económica imperante, de las recomendaciones de sus pares y de los organismos internacionales, Chile ha decidido tomar el camino opuesto.

Con un rol del Estado en la economía que no supera el 21%, convirtiéndose en uno de los países más liberales del mundo, incluso mayor que el propio Estados Unidos; con derechos sociales mercantilizados, con una musculatura productiva estructuralmente desigual, con un porcentaje de sindicalización del 9% de las y los trabajadores formales, alta vulnerabilidad de la clase media emergente y una división sexual del trabajo no reconocido, que deja a las mujeres como las principales víctimas de esta pandemia económica, el país se enfrentará a la peor crisis financiera ya declarada por el FMI.

Con todos estos antecedentes de desprotección por parte del Estado, el gobierno consciente ha tomado decisiones que incluso son contrarias a la corriente liberal de la economía internacional. España, con igual curva de crecimiento de coronavirus que Chile, está invirtiendo un 20% de su PIB en proteger los ingresos de sus trabajadores y las pymes; en tanto el Ministerio de Hacienda de Chile solo está comprometiendo el 5% del PIB, pudiendo duplicar esta cifra sin menoscabar el erario nacional. En paralelo, Francia, Argentina e Italia no solo están aumentando el gasto público, están fijando precios de elementos e insumos esenciales; además no descartan la estatización y uso de industrias y servicios privados para acelerar el fin a la pandemia.

En Chile, aún el gobierno no entiende que su deber es la garantía constitucional del ejercicio de los derechos de sus ciudadanos, y aunque esto incluso se soslayara, el Mandatario y el Poder Ejecutivo tienen la responsabilidad de hacer economía política para salir a sostener la demanda con política fiscal expansiva, como nos enseñó Keynes, a través de la estimulación económica de la demanda agregada.

El gobierno está tomando una decisión de economía política de hacer un salvataje al factor capital y no al factor trabajo. Hacer un salvataje al factor trabajo necesariamente significaría la generación de un ingreso básico universal temporal mientras dure la pandemia a todos los trabajadores remunerados y no remunerados dedicados al cuidado; congelamiento sin intereses de tributos y créditos a trabajadores y pymes; y por supuesto, significa también defender y asumir el costo financiero y moral de los despidos que, dado el dictamen de la Dirección del Trabajo, amenazan con triplicar el número de familias vulnerables en menos de un mes.

Chile, en los próximos meses se verá enfrentado a un escenario crucial en su historia económica. Como Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible hemos señalado que existen los fondos necesarios para crear un pacto económico y social de corto plazo, a través del uso de los 6.000 millones de dólares de la ex ley reservada del cobre, los fondos soberanos o una ley transitoria que grave los tributos al gran capital.

Estas medidas permitirán a las y los ciudadanos sin distinción sentirse protegidos por un Estado pequeño en lo económico pero audaz en la defensa de sus derechos civiles y sociales, o por el contrario, consagrarnos como el país más neoliberal del mundo.

En el primer caso, Chile podrá sostener su demanda agregada a través de una política fiscal madura y robusta; en el segundo escenario, seremos el país más afectado por los schocks económicos mundiales, sumado a una sociedad fracturada y abandonada que aún tiene en la piel las consecuencias de las recesiones de 1982, 1998, y 2008; sin embargo, son estos mismos ciudadanos los que han desarrollado una clara consciencia colectiva que entiende que este ajuste es una decisión de economía política más que los caprichosos y exógenos vaivenes de la oferta y demanda agregada mundial.