Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom
Que la violencia en democracia es inaceptable y que, para erradicarla, se requiere aislar políticamente a quienes la propician, no merece discusión. En el caso del conflicto mapuche, ese solo principio no resuelve el problema, ya que lo que se enfrenta es un tema esencialmente histórico y político.
Si lo que se busca es la pacificación de La Araucanía y una razonable estabilidad que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, entonces debería entenderse que, aunque la labor de inteligencia policial y el resguardo del orden público son un sustento básico para el desarrollo de cualquier estrategia, es el factor político el dominante.
Por años se ha ido avanzando en soluciones parciales, que siempre han encontrado la respuesta refractaria del conservadurismo chileno que no logra entender que los países que han logrado resolver su relación con sus pueblos originarios, lo han hecho sobre la base de abordar en su completa dimensión este problema. ¿Por qué no aplicar esta sabia enseñanza para asumir este conflicto integralmente, olvidándonos de las recetas policiales?
¿Qué fue del Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de La Araucanía y de los masivos diálogos que encabezó el ministro Moreno, que reunían a personas de todos los niveles y rangos etarios para acercar posiciones e imaginar soluciones, o de las anunciadas inversiones para la región?
¿En qué quedó ese compromiso presidencial por una reforma constitucional que hiciera posible el reconocimiento de los pueblos indígenas (que desde 1990 se venía discutiendo), de contemplar escaños parlamentarios exclusivos para los pueblos originarios o del anuncio de un Ministerio de Asuntos Indígenas?
Por el contrario, el Presidente removió de su cargo al ministro, que después de muchos años había logrado ganar confianzas y -digámoslo con franqueza- anotar un importante logro para la derecha (que se desplomó) en una de las materias más complejas de nuestra historia republicana. Todo en punto cero.
El estallido social dejó en evidencia que la sensibilidad con respecto al trato discriminatorio con el mundo mapuche ha ido creciendo y que la identificación con su causa alcanza rango nacional. La proyección de que a un posible rebrote de la pandemia se sume el rebrote del estallido es real y así lo registran las diferentes encuestas que se dan a conocer por estos días, razón suficiente para entender la necesidad urgente de fortalecer los esfuerzos por pacificar la región.
El Presidente debería asumir que su responsabilidad es total en este tema y que, por ello, es menos comprensible que tras el audaz anuncio al inicio de su mandato de volcar esfuerzos en La Araucanía para lograr acuerdos, haya optado por borrar del mapa esa “prioridad” en la segunda mitad de su gobierno. Cuando hoy el conflicto recrudece y golpea las gigantescas puertas de La Moneda, parece oportuno que el Primer Mandatario recoja el guante, o quedará con esa mancha en su registro histórico.
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