La semana pasada la OCDE publicó su informe anual con el panorama económico de Chile 2021. Entre otras cosas, éste advierte sobre la baja contribución que en nuestro país estarían teniendo los impuestos y las transferencias monetarias a la hora de reducir la desigualdad de ingresos entre las personas. Frente a ello, nos recomienda ampliar en el mediano plazo la base de contribuyentes que pagan impuesto a la renta -los que hoy llegan a apenas el 25%- y crear un programa de impuesto negativo al ingreso, esto es, integrar el sistema tributario con uno de transferencias, de manera que bajo cierto umbral las personas reciban un subsidio que les permita alcanzar un ingreso mínimo y sobre éste se les cobren los tributos correspondientes para costear esta política.
Según la OCDE, un esquema así permitiría reducir nuestros indicadores de desigualdad de ingresos disponibles. Pero ojo con el término “disponibles”, pues en Chile apenas un 17% del gasto social anual se destina al pago de transferencias monetarias como pensiones y subsidios por vulnerabilidad. El resto va a financiar programas y prestaciones no pecuniarias en salud, educación, vivienda o protección social que, aunque benefician a los más pobres y gran parte de la clase media, no se plasman en un mayor ingreso disponible y, por lo tanto, no se incluyen en las estimaciones que realiza la OCDE. No obstante, es claro que cuando el Estado gestiona y financia servicios de calidad, provee de un piso mínimo que contribuye igualmente al objetivo de reducir la desigualdad.
Es por ello que, para evaluar la eficacia estatal en esta materia, no podemos solo considerar una parte del gasto público, sino que debemos incluir todas las prestaciones que se financian en virtud de éste. Más aún cuando se está planteando cobrar más impuestos a un grupo de la población. No vaya a ser que la implementación de ideas como las de la OCDE termine en la creación de una burocracia para sacar dinero del bolsillo derecho de la clase media (mediante la reducción del tramo exento de impuesto a la renta) y luego devolvérselo a la misma en el bolsillo izquierdo (mediante la creación de un nuevo subsidio), con un efecto nulo -si no negativo- en su bienestar.
Lo anterior no significa que no valga la pena evaluar políticas como un impuesto negativo, que hace un tiempo vienen proponiéndose. El llamado en cambio es a estudiarlas con rigor, partiendo por analizar si es que, en lugar de exigir innecesariamente a la clase media para aumentar el presupuesto estatal, es posible redirigir recursos desde otros programas ya existentes. Y, lo más importante, buscar formas de mejorar la capacidad y eficiencia del Estado en la administración de cada peso que ya se le confía, sea que éste se destine a subsidios monetarios o al financiamiento de prestaciones no pecuniarias que, aunque intangibles, tienen el potencial de incidir sobre el bienestar social.
