Reconectar

Llegó marzo, y a solo nueve días de que se cumplan cinco meses desde aquel 18 de octubre que cambió Chile, la autoridad no logra conectar con un sentir ciudadano profundo que -llegado al límite de su tolerancia respecto de injusticias y desigualdades históricas- exige y no está dispuesto a seguir esperando. Si alguien tenía dudas del nivel de adhesión que tienen las demandas de la ciudadanía, la apoteósica marcha femenina del pasado domingo debería despejar toda duda. Hoy tenemos mujeres que lideran, empoderadas y convencidas de que sus demandas no son sustancialmente diferentes a lo que exige la gente en las calles.

Sin embargo, el dato freak en este escenario marcado por el descrédito de toda la institucionalidad democrática, fue la insólita versión de Carabineros de que la impresionante manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer había contado con la asistencia de solo 150 mil personas. Aún cuando la valiente intervención de la ministra Secretaria General de Gobierno echó al tacho de la basura tal cálculo, lo que dejó en evidencia esta versión es la impunidad con la que se siente la autoridad policial para entregar cifras que simplemente no se corresponden con la simple visión ocular en un mundo tan tecnologizado y digitalmente desarrollado como el que tenemos hoy. Lo ocurrido en este caso no hace sino confirmar una vez más que Carabineros requiere de una gran transformación. Porque el episodio descrito sobre la apreciación de la marcha por parte de Carabineros puede resultar meramente anecdótico en el contexto que estamos viviendo, pero sin duda no contribuye a pavimentar una senda sólida para restituir las confianzas.

Hoy tenemos un quiebre grave entre las instituciones democráticas y una ciudadanía que desconfía de todo símbolo de poder. Sin duda, esto se refleja en las grandes dificultades que encuentra el gobierno para dar algo de conducción política a la crisis. Sobre todo, porque este estallido expresa -además de la acumulación de sustantivas demandas sociales- importantes cuotas de emocionalidad relacionadas con abusos, malos tratos, ostentación de poder y privilegios, además de graves señales de corrupción y falta de equidad en cómo se imparte justicia.

Chile necesita ahora un nuevo pacto social que establezca un orden más participativo, con una nueva Constitución discutida y legitimada por la gente, con representaciones reconocidas, con instituciones que gocen de mayor credibilidad y con una democracia más estable y fortalecida. El Presidente y el gobierno deberían entender que es su responsabilidad materializar cambios que, a todas luces, requieren de urgencia en esta delicada coyuntura. La reiterada condena a la violencia en las calles es necesaria, pero el Ejecutivo debe asumir con igual pasión y especial sensibilidad la violencia que viven los miles de compatriotas que hoy se manifiestan por décadas de abandono. La clase política tiene la palabra y, sin duda, está al debe.