¿Cómo reflotar la Nueva Alameda?

La caída de la Nueva Alameda es una mala noticia para Santiago, aunque era previsible por la forma en que se desarrolló el proyecto desde que fue anunciado hace cinco años. En este mismo espacio felicitamos la decisión y la calidad del diseño que ganó el concurso, pero alertamos sobre la debilidad institucional del Gobierno Regional que no podía financiar ni ejecutar la Nueva Alameda.

En los hechos, el exintendente debía convencer a varios ministros y alcaldes para que financiaran y ejecutaran su proyecto. Ello obligó a ceder a requerimientos que terminaron siendo fatales, como la inclusión de un corredor segregado de buses que elevó el costo a 200 millones de dólares, y que fue exigido por los viudos de Transantiago que controlaban el Ministerio de Transportes, pero que fueron incapaces de aprobar la evaluación social o conseguir financiamiento.

Los que critican la caída de la Nueva Alameda omiten estos hechos e idealizan el funcionamiento del Estado, asumiendo que estas obras pueden avanzar por acuerdos informales o que los políticos harán un gesto de generosidad republicana materializando iniciativas dejadas por otra coalición. Es curioso que estas críticas vengan de personas que participaron en concursos que corrieron la misma suerte que la Nueva Alameda, como el Paseo Bulnes o el Parque del Estadio Nacional, que fueron enterrados por la expresidenta Michelle Bachelet.

Pero esa historia importa poco ahora. Lo relevante es reflotar los atributos de la Nueva Alameda y asegurar su implementación, y para ello es fundamental reducir su costo eliminando el corredor de buses y acotando la intervención al tramo más crítico que va entre Matucana y Las Rejas, donde miles de personas circulan por veredas angostas, deterioradas, inseguras y otros miles viven en torres con espacios públicos pequeños, pocas plazas o juegos infantiles.

Una vez ajustado el diseño, hay que aprobar la evaluación social y conseguir los recursos, y esta tarea la debe realizar un servicio con atribuciones para ejecutar grandes obras urbanas, como el Serviu o el MOP. Además, la persona a cargo debe tener talento para generar consensos, pero potestad administrativa para tomar decisiones y mover la lenta maquinaria estatal.

Un proyecto más acotado y con una entidad especializada a cargo, permitirá inaugurar obras en este gobierno, dejando un presupuesto holgado para el primer año de la próxima administración. Y al resolver problemas sociales concretos, sumará como aliados a los vecinos de Estación Central que serán los primeros en exigir que la Nueva Alameda continúe si otro gobierno decide enterrarla. Así se asegura la continuidad de los proyectos urbanos y se cumple con su función principal que es mejorar la calidad de vida de las personas, un tema que hemos dejado de lado en esta polémica.