Por Manuel Guerra, abogado
Uno de los temas permanentes de la agenda pública es el relativo a la posibilidad de reformar a Carabineros de Chile. Razones sobran. Los graves casos de corrupción que han afectado a la institución, unidos a procedimientos policiales cuestionados como Huracán o el homicidio de Camilo Catrillanca, han visualizado problemas serios que presenta la que fuera hasta no hace mucho la institución mejor evaluada por los chilenos.
Pese a la preocupación existente, el debate ha tendido a ser reduccionista y se ha centrado solamente en los temas ya enunciados, dejando de lado aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la policía uniformada.
En primer lugar, resulta fundamental alejar a Carabineros de la administración financiera del presupuesto que se le asigna anualmente. Para nadie es desconocido el hecho de que la administración de recursos financieros ha sido uno de los factores críticos del manejo de la institución y un foco de posibles actos de corrupción. Si bien estos últimos se radican en pocas personas, afectan la imagen institucional en su conjunto. Existe un fuerte anhelo de la propia institución para profesionalizar esta labor a través de expertos que no provengan de sus filas.
Por lo mismo, temas como contrataciones de servicios, licitaciones y disposiciones de gastos deberían estar a cargo de una estructura civil fuertemente controlada por la Contraloría General de la República y en la que no tenga intervención el personal uniformado. Por esta vía se asegura la profesionalización de este tipo de servicios y una rendición de cuentas transparente.
Por otra parte, resulta fundamental delimitar y revisar seriamente las funciones que cumple Carabineros. Si se revisa su ley orgánica encontraremos que la esencia de Carabineros es ser una policía preventiva. No obstante, bien sabemos que en la práctica Carabineros es una institución multipropósito que es utilizada para muchas funciones ajenas a su rol y que están fuera de sus procesos de formación (notificaciones, custodia de espectáculos artísticos y deportivos por mencionar algunos ejemplos).
Sobre la base de dicha realidad, deberían reducirse las funciones policiales a esencialmente dos. Una, ser por esencia un cuerpo policial preventivo, es decir, mediante su presencia en la calle servir de fuerza disuasiva frente a la delincuencia y, en segundo término, en caso de ocurrir delitos, actuar en flagrancia, practicando las detenciones a que corresponda en los procedimientos en que participan.
Lo anterior no obsta al perfil comunitario, ya que la institución marca presencia en todos los rincones de nuestro país. Pero acotar sus funciones permitirá, por una parte, mejorar los procesos formativos y a su vez medir la calidad de gestión de sus mandos y de los integrantes de la institución, cuyo pilar fundamental sea el respeto irrestricto de los DD.HH. de los ciudadanos, para así contribuir a partir de su esencial labor a la consecución de la paz social y la seguridad de los ciudadanos sin distinción alguna. Para eso se requiere una reforma integral, pero no refundarla. Eso sería destruirla.
