Por Jeannette Jara, ex subsecretaria de Previsión Social
El segundo retiro del 10% del fondo de pensiones se ha tomado la agenda y seguirá avanzado en tanto se acerca diciembre y no existan medidas para aliviar la situación económica de la mayoría de las personas, que son quienes viven en carne propia la crisis social.
Sin duda, no es un debate fácil, ya que se enfrenta la precariedad del sistema previsional, que paga pensiones autofinanciadas a la mitad de las y los nuevos pensionados inferiores 130 mil pesos, con la necesidad urgente de tener ingresos presentes para la subsistencia, en la mitad de una pandemia sanitaria acompañada de altos niveles de desempleo, precariedad laboral y altos grados de endeudamiento de la denominada clase media.
Lo que diga la tecnocracia impacta de frente con la realidad de quienes no tienen cómo pagar el arriendo, las cuentas básicas e incluso los alimentos y remedios. En dicha disyuntiva, la ciudadanía no ha dudado en hipotecar futuras pensiones –insuficientes- por las necesidades inmediatas agudizadas en el contexto de pandemia.
La reforma previsional no puede seguir el tránsito de modificaciones en la medida de lo posible, lo cual explica el fracaso del proyecto que ha propuesto el gobierno.
El despertar de Chile pone sobre la mesa la necesidad de cambios estructurales, siendo prioritario que el cambio al sistema previsional supere la lógica de la capitalización individual de administración con fines de lucro -las mentadas AFP- con resultados fuera de todo marco de seguridad social y con tasas de reemplazo que condenan a la pobreza a la mayoría de las y los chilenos.
Hoy, la mayoría de los cotizantes sienten que su contribución no es correspondida con pensiones que aseguren un ingreso digno en su vejez.
Para que las cotizaciones se aprecien como componentes de un sistema de seguridad social, deben otorgarse ciertas garantías. Por eso, aunque tarde, ya es hora de que Chile suscriba el convenio 102 de la OIT, que pone como base en el sistema previsional el esquema de beneficios definidos. Así, las personas tendrán un claro aliciente a la contribución, ya que sabrán de antemano qué tasa de reemplazo pueden esperar ante la cantidad de años que han cotizado. Junto a ello, se debe asegurar una pensión base universal que asegure un ingreso que esté sobre el nivel de pobreza.
La contribución no solo no debe provenir del trabajador(a), sino que deberá ser tripartita, con un porcentaje igual entre lo que aporta el Estado, el empleador y el trabajador, ya que no hay razones que justifiquen que el eslabón más débil de la relación laboral cotice más que lo que pueda aportar el dueño del capital o el Estado.
Estas condiciones son las mínimas sobre las cuales se debiera discutir hoy una reforma previsional. Una discusión de cara a la realidad del país debe abordar los temas de fondo, no afrontados en 30 años del término de la dictadura. El pueblo pareciera tener claro aquello y el sistema político debiera estar a la altura de las circunstancias y enfrentar una reforma orientada a cambios sustanciales para hacerla viable. La hora de los cambios cosméticos llegó a su fin.
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