Reforma al sistema de pensiones: es mejor un camino sin atajos
Por Paula Benavides, Maite Gambardella y Diego Pardow
La reforma de pensiones lleva más de dos años en el Congreso. Con un gobierno saliente, un proceso constituyente en ciernes y sucesivos retiros de fondos previsionales, es hora de reflexionar sobre el camino recorrido. Aunque parezca contraproducente, iniciar un proceso diferente pareciera la única manera de conseguir una reforma que sea legítima y sostenible en el tiempo.
El proyecto del gobierno fue presentado sin un debate técnico previo y sin participación social. Su contenido principal consistía en cambios paramétricos, reajustando el pilar solidario de manera acotada y por tramos etarios, y manteniendo el pilar contributivo igual. El aumento de cuatro puntos en la tasa de cotización debía ser administrado en cuentas individuales por las AFP y otras entidades privadas. Durante su tramitación se realizaron ajustes limitados, sin abordar los principales problemas de diseño. Más aún, las recientes votaciones en el Senado rechazaron una parte significativa de la iniciativa, dejando un texto sin coherencia y bastante a la deriva.
Las reformas de pensiones son complejas tanto técnica, como política y socialmente, enfrentando a grupos de interés con pretensiones contrapuestas. Esto también ocurre en Chile, donde las AFP han sido actores incidentes en el debate, aunque siempre defendiendo su propia mirada. Desde esta perspectiva, resulta llamativo que hoy quieran desligarse de responsabilidad por la falta de legitimidad del sistema. A ello se suma que los sucesivos retiros han erosionado la idea de intangibilidad de los fondos de pensiones, permitiendo que sean utilizados para abordar problemas coyunturales y corregir las deficiencias de nuestras políticas de ayuda económica.
¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto?
La primera es que el diálogo social es fundamental en una reforma de este tipo. Sin instancias de participación es difícil construir reformas sostenibles. Cuando un proceso creativo está dominado por personas fundamentalmente homogéneas, tiende a exacerbarse el dogmatismo y a resultar en propuestas ajenas a la realidad, incapaces de cumplir con la magnitud de los desafíos. Lo segundo, es que en pensiones resulta determinante contar con sustento técnico transversal. Para ello, muchos gobiernos recurren a comisiones donde se expresan de manera técnica las diferentes sensibilidades, como fue el caso de la Comisión Marcel en 2006. Ambos elementos permiten superar las trincheras ideológicas y hacen posible acuerdos suficientemente amplios.
Estos ejes debieran guiar una nueva conversación donde se reconstruya la credibilidad y legitimidad social del sistema de pensiones, facilitando un entendimiento común respecto de los pisos de protección social, tasas de reemplazo esperadas; y, en definitiva, de la seguridad que se dará a los ingresos en la vejez.
La precaria situación de nuestras pensionadas(os) exige fortalecer hoy el pilar solidario y avanzar en un piso mínimo digno, con financiamiento sostenible. Pero para abordar adecuadamente una reforma integral a las pensiones es necesario empezar un buen proceso, que incluya participación y diálogo social y establezca bases técnicas transversales. Legislar sin haber dado esos pasos, llevará a reformas inestables, que cambian según la orientación del gobierno, y amenazan con afectar el funcionamiento del sistema, como ocurre actualmente con los cambios en la cotización de trabajadoras independientes en materia de salud.
Es tarea de todas y todos apoyar la construcción de acuerdos en este nuevo proceso, en línea con la discusión constituyente, y con miras a una reforma estructural. Esto es, una donde la solidaridad permita superar el entendimiento de que, tanto en pandemia como en pensiones, cada uno se rasca con sus propias uñas.
